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Ospino Pacheco, alias Tolemaida; Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias 101; Cesar
Augusto Viloria Moreno, alias 71; José Gregorio Mangones Lugo, alias Tijeras; Omar
Montero Martínez, alias Codazzi; y Edgar Córdoba Trujillo, alias 57, entre otros, en
su calidad de comandantes de frentes.
También se presentaron los hechos y argumentos jurídicos para que se atribuya
responsabilidad directa a: José Gregorio Mangones Lugo, alias Tijeras, comandante
del Frente William Rivas; Édgar Córdoba Trujillo, alias 57, comandante;
Omar Montero, alias Codazzi, comandante; Medardo Viloria Moreno, alias Diego
o Gavilán, comandante de escuadras; Baltazar Mesa Durango, alias Baltazar,
comandante de Fundación, El Copey, Pivijay y Ariguaní; Hernán Arturo Cantillo
Camargo, alias Giovanny, comandante urbano de Salamina; Edmundo
Jesús Guillén Hernández, alias Caballo, comandante de escuadra y paramilitares
de más bajo rango en el departamento del Magdalena y a Oscar José Ospina
Pacheco, alias Tolemaida comandante de frente en César.
En los tres amicus, se instó a la Fiscalía a imputar los delitos de violencia sexual
en concurso con tortura, tanto como crímenes de guerra como de lesa humanidad.
Se insistió en que los delitos de acceso carnal violento en personas protegidas,
los accesos carnales con menor de 14 años, los actos sexuales violentos
y abusivos, la esclavitud sexual, entre otras conductas documentadas, han sido
cometidos en Colombia con el carácter de lesa humanidad, han hecho parte
de una política sistemática desplegada por los actores armados que tiene como
propósito dominar, castigar y obtener información a través de la comisión de
ataques sexuales perpetrados en contra de mujeres y niñas que hacen parte de
la población civil.
Con la imputación de delitos sexuales en concurso con tortura y con carácter
de crimen de guerra y de crimen de lesa humanidad se reconoce la gravedad de
las violencias sexuales, se permite el reconocimiento de los bienes jurídicos
afectados y la identificación del daño causado en las víctimas, en su mayoría
mujeres y niñas; así como el cumplimiento de las obligaciones internacionales
que el Estado colombiano tiene de reparar a las víctimas de violencia sexual y
de luchar contra la impunidad de estos crímenes.
Por lo anterior, en cada documento se hizo un llamado al Estado colombiano
a investigar las conductas realizadas por estos jefes paramilitares y se solicitó la
imposición de sanciones en cumplimiento de las obligaciones internacionales
suscritas.
Para la Corporación Humanas estos tres documentos constituyen una oportunidad,
para que la justicia colombiana fije estándares en materia de imputación