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Para que el hombre de atrás pueda tener el dominio del hecho requiere de una
estructura jerárquica que le permita aprovecharse de la predisposición de los
ejecutores de llevar a cabo todas las órdenes que se les sean impartidas independientemente
del carácter ilícito de las mismas. Estas estructuras organizadas de
poder gozan de varios niveles de participación que exige por lo menos alguna
forma de control del accionar de los subordinados.
Según Kai Ambos, en estas estructuras se pueden encontrar tres tipos de autores:
los autores por mando, quienes planifican y organizan los sucesos criminales
y están a cargo de la conducción de la organización; seguidos por los autores de
organización, quienes ejercen algún tipo de control sobre una parte de la estructura;
y por último, los autores ejecutivos, quienes se constituyen en auxiliares de la
estructura criminal global (López Díaz, 2009: 32 y 33).
b. Viabilidad sobre la aplicación de la autoría mediata por
dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados
de poder conforme con la legislación interna
De acuerdo con el artículo 29 del Código Penal será considerado autor “quien
realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento”.
De acuerdo con esta definición es posible que una persona sea responsable
de la comisión de un tipo penal a pesar de que la ejecución de la conducta estuvo
a cargo de otra persona. En estos casos la autoría mediata explica la situación
en la que “un autor no ejecuta materialmente la conducta típica”(Hernández
Esquivel, 1998: 268).
Según Kai Ambos esta definición legal reconoce la teoría de la autoría mediata
tanto en sentido tradicional, aplicable en el caso en el que “un autor material
que no actúa con plena responsabilidad” es entendido como un simple instrumento
utilizado por el hombre de atrás, al igual que en el caso en la que la
autoría mediata se aplica en virtud de aparatos organizados de poder al referirse
a “un control de organización que ocurre cuando el dirigente domina la voluntad
del integrante de la organización como instrumento en sentido normativo”
(2009: 33).
Para el caso concreto de atribuir responsabilidad a Salvatore Mancuso por delitos
sexuales cometidos por sus subalternos es preciso que el fiscal de la causa
tenga en cuenta el concepto de autoría establecido en el Código Penal de 1980,
pues algunos de los casos de violencia sexual registrados en contra de mujeres en
la región de Norte de Santander se cometieron con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 599 de 2000. Es así como el artículo 23 del mencionado
código entiende como autor a la persona que “realice el hecho punible o
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