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• Ante el acoso sexual por parte de un paramilitar de que es víctima O., sus<br />
padres la mandan a Cúcuta por un año, tiempo después del cual regresa a<br />
La Gabarra. El paramilitar reinicia el acoso hasta que la viola, situación que<br />
se repite ocho veces. Fruto de las relaciones sexuales forzadas O. queda embarazada;<br />
una vez nace el bebé este es registrado como hijo del paramilitar<br />
(denuncia ante Justicia y Paz).<br />
3.4 Responsabilidad estatal<br />
Por último debe hacerse referencia a la responsabilidad que le cabe al Estado<br />
por la incapacidad para garantizar la seguridad de los habitantes y las habitantes<br />
del departamento, y en muchas ocasiones por colaborar con las acciones llevadas<br />
a cabo por los paramilitares contra la población civil.<br />
Varios estudios hacen referencia a las distintas actuaciones llevadas a cabo por<br />
los militares que los comprometen con la incursión llevada a cabo por los paramilitares<br />
(Fundación Progresar, 2010; Asociación Minga y Fundación Progresar,<br />
2008; Villarraga, 2007). Entre esas habría que mencionar el hecho de<br />
que antes de su incursión fueron desmontados un puesto de policía y una base<br />
militar en La Gabarra (Villarraga, 2007: 393). Después de las acciones violentas<br />
desplegadas contra la población civil, los paramilitares se replegaban en el<br />
complejo petrolero de Ecopetrol donde acantonaba el Batallón Héroes de Saraguro<br />
(Villarraga, 2007: 395). El comandante de este batallón, el mayor Mauricio<br />
Llorente Chávez, fue hallado culpable de colaborar con los paramilitares y<br />
condenado por ello a cuarenta años de prisión (Fundación Progresar, 2010, 72).<br />
En abril de 2002 los paramilitares ingresan a El Tarra y permanecen en el casco<br />
urbano por un año sin que la policía reaccionara ante los robos, asesinatos que<br />
tuvieron como víctimas incluso a integrantes del gobierno municipal. “Las personas<br />
del pueblo relatan que la policía no realizó durante el primer año ninguna<br />
acción para contrarrestar su control territorial y que al menos aparentemente<br />
había pleno consentimiento para su presencia y acción” (Serrano, 2009: 33).<br />
Según desmovilizados que rinden indagatoria en Justicia y Paz, las AUC tenían<br />
libertad para actuar en todo el departamento. Entre las personas señaladas por los<br />
versionados de colaborar con ellos están Ana María Flórez, directora seccional<br />
de la Fiscalía en Norte de Santander; Jorge Enrique Díaz, director seccional del<br />
DAS; coronel del Ejército, Víctor Hugo Matamoros Rodríguez; comandante<br />
de inteligencia del Ejército, Mario Fernando Roa Cuervo; comandante de la<br />
Policía, coronel Julio Sánchez Roque; comandante de la Policía, coronel EstupiñánChaustre;<br />
comandante de la estación de policía, capitán Luis Alexander<br />
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