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ser comprendida como delito contra persona protegida, en la medida en que
quienes protagonizaron los hechos lo hicieron bajo el poder que les otorga ser
actores armados en guerra.
Las referencias que se han hecho hasta el momento sobre la forma como se
llevó cabo la incursión paramilitar al departamento buscan hacer evidente que
durante los cinco años que los paramilitares estuvieron actuando bajo el Bloque
Catatumbo, lo hicieron como actores armados que arremetieron de distintas
maneras contra la población civil, para constituirse en el poder político y económico
del departamento y que durante esos años las acciones de guerra se
sostuvieron para mantener las posiciones alcanzadas, expandirse y preparar la
retirada. Tal y como lo menciona Villarraga no es verdad que la región haya
vivido “una especie de ‘letargo de guerra’ solo interrumpido por esporádicas
masacres, pues los hechos revelan un fenómeno distinto” (2007: 405).
No obstante ello, la violencia sexual cometida por actores armados en contextos
de conflicto armado no siempre es calificada como un crimen de guerra o,
como se tipifica en Colombia, como un delito contra persona protegida. A lo
sumo ello ocurre con aquellos que por su crueldad o sevicia aterrorizan a la población
o porque fueron realizados al mismo tiempo que se llevaba a cabo una
acción bélica. Sin embargo, hacen carrera las concepciones según las cuales las
violencias sexuales cometidas en el marco de los conflictos armados son marginales,
corresponden a excesos de la tropa pero no forman parte de la política
del grupo, o son colaterales a la guerra pero no constitutivas de la misma.
La perspectiva ha sido reforzada por las declaraciones de paramilitares, según
las cuales no era política de ellos usar la violencia sexual y que esta estaba prohibida
en los códigos de conducta.
Si bien en cualquier situación (sea resultado o no de un exceso de la tropa o
una actuación individual que se hace a espaldas de la comandancia), la violencia
sexual cometida por actores armados en contextos de conflicto armado debe
ser entendida como un crimen de guerra. No obstante, se quiere resaltar que
en el caso de Norte de Santander hay indicios importantes para asegurar que la
violencia sexual formó parte de la política diseñada por Carlos Castaño y Salvatore
Mancuso para alcanzar sus objetivos militares, políticos y económicos.
Al respecto se debe mencionar lo documentado que está el entrenamiento a
que fueron sometidos los paramilitares, el cual contenía claras alusiones a violar
a mujeres vinculadas con las guerrillas o a las guerrilleras. Así lo registra un
estudio adelantado por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización
y Reintegración (DDR) de la Universidad Nacional. De acuerdo con
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