Z9oqmn

152
proyecto. Territorios que, con complicidad de instituciones como el Incoder,
eran legalizados en forma fraudulenta 60 :
Fue cuando yo contacté al señor C., quien en ese momento era del Incoder, yo lo contacté
en ese momento porque ellos eran muy buenos amigos y C. se prestó para que los
‘paracos’ les quitaran las tierras a los campesinos, entonces fue cuando yo hablé con C.
para que hablara con (…) y este me dijo que fuera el sábado para que yo hablara con él
(caso documentado)
En Cesar y Magdalena, se financió a través de diferentes medios, una de las
principales fuentes de ingreso económico fue el apoyo brindado por terratenientes
al grupo paramilitar. El Frente Resistencia Motilona jugó un papel
fundamental, pues fueron los encargados del recaudo de los aportes que le
daban importantes familias de vallenatos al bloque. Este frente ha sido presentado
por paramilitares desmovilizados como el ‘banco’ de Rodrigo Tovar
(Verdad Abierta, 4 de julio de 2012).
Por otra parte, las comisiones de cada frente se encargaron del recaudo del
pago de “vacunas”, para esto cada frente contaba con una red de cobradores
que, a su vez, cumplían funciones de sicariato. Para Jorge 40 el pago de vacunas
era un impuesto que la población daba voluntariamente a cambio de su
seguridad física, un impuesto que los legítimos paramilitares debían quitarle a
la guerrilla e incluso al Estado por su abandono.
Jorge 40 contó además con el apoyo de Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don
Antonio, quien era su jefede finanzas. Los paramilitares fortalecieron su capacidad
financiera en el centro del Cesar, esto les posibilitó expandirse por el resto
del departamento, y desde allí desplazarse hacia los departamentos vecinos.
Jorge 40 además, logró el control total de los cultivos de coca en las regiones
bajo su mando y de los corredores de embarque de cocaína hacia el mar.
En versión libre del día 7 de noviembre de 2007, Jorge 40 explicó:
A los ganaderos o agricultores se les cobraba 10 millones de pesos por hectárea año,
la empresa decidía cómo pagarlo, y se les cobraba a las que tuvieran más de 100 hectáreas,
a esto le llamábamos tributo de seguridad.
60 El Acuerdo 023 de 1995 establecía como causal de caducidad para las tierras entregadas en
el marco de la Ley 160 de 1994 el abandono del inmueble por más de treinta días. La estrategia
utilizada por el grupo paramilitar consistió en desplazar a los campesinos y las campesinas, para
que posteriormente el Incoder declarara la caducidad administrativa y le entregara los territorios
a testaferros de los paramilitares (Verdad Abierta, 26 de octubre de 2010).