El desplazamiento afro. Tierra, violencia y derechos de las ...

De las normas a la realidad: la situación de los afrocolombianos
En efecto, el jefe paramilitar Vicente Castaño reconoció
que “en Urabá tenemos cultivos de palma.
Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en
esos proyectos” (Comisión Colombiana de Juristas
2007). Algunos de estos cultivos de palma en Urabá
fueron iniciados en 2001 tras las masacres, desapariciones
y desplazamientos forzados masivos de las
comunidades afrodescendientes que fueron despojadas
del territorio en 1996 por las acciones de los
grupos paramilitares. Desde entonces, han sido víctimas
de por lo menos 114 asesinatos y desapariciones
forzadas y 15 desplazamientos forzados (Comisión
Colombiana de Juristas 2007).
En el año 2001, el Estado colombiano otorgó el
título colectivo a las comunidades. Sin embargo, tres
años después, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos concedió medidas provisionales de protección,
al establecer que los hostigamientos no se
detenían. A pesar de ello, en 2009, la Corte Constitucional
constató que dichas medidas no habían sido
implementadas satisfactoriamente y, por ello, ordenó
a los ministerios del Interior y de Justicia y de Defensa
presentar a la Defensoría del Pueblo informes
bimensuales sobre las acciones emprendidas por el
Gobierno para cumplirlas a cabalidad (Corte Constitucional
2009).
Por otro lado, en 2005, la Unión Sindical Obrera
(USO) presentó una queja ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) por la violación del
derecho a la consulta previa y a la integridad cultural
protegidas en el Convenio No. 169 de la OIT en
estas comunidades. En 2007, la OIT estableció que,
en efecto, el derecho a la consulta previa había sido
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