El desplazamiento afro. Tierra, violencia y derechos de las ...

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Anexo: Auto de 2009
de consulta es susceptible del amparo constitucional, a través del
cual las comunidades indígenas y también las afrocolombianas, “pueden
obtener que no se hagan efectivas medidas que no hayan sido
previa y debidamente consultadas y que se disponga la adecuada realización
de las consultas que sean necesarias;” (ii) en cuanto al ejercicio
del control abstracto de constitucional frente a la omisión de
consulta previa a la adopción de una medida legislativa, la Corte
señaló distintas posibilidades: “sería posible, en determinadas circunstancias,
encontrar que la ley como tal es inconstitucional, pero también
cabe que, en una ley que de manera general concierne a los pueblos
indígenas y tribales, y que los afecta directamente, la omisión de la
consulta se resuelva en una decisión que excluya a tales comunidades
del ámbito de aplicación de la ley; o puede ocurrir que, en un evento de
esa naturaleza, lo que se establezca es la presencia de una omisión
legislativa, de tal manera que la ley, como tal, se conserve en el ordenamiento,
pero que se adopten las medidas necesarias para subsanar
la omisión legislativa derivada de la falta de previsión de medidas específicamente
orientadas a las comunidades indígenas y tribales. Si la ley
no tiene esas previsiones específicas, habría un vacío legislativo, derivado
de la necesidad de que, en una materia que si bien afecta a todos,
lo hace con los indígenas [y también con las comunidades afrocolombianas]
en ámbitos propios de su identidad, contemple previsiones especiales
y que las mismas sean previamente consultadas. En ese caso,
en la medida en que la ley general estuviese llamada a aplicarse a los
indígenas [o a las comunidades afrocolombianas], se decretaría una
omisión legislativa por ausencia de normas específicas y previamente
consultadas.” En relación con el procedimiento para la consulta previa
la Corte Constitucional en la Sentencia C-208 de 2007, expresó
que “… el proceso consultivo que las autoridades gubernamentales
tienen que llevar a cabo ante los grupos étnicos para adoptar una decisión
que afecte sus intereses, “deberá estar precedido de una consulta
acerca de cómo se efectuará el proceso consultivo” (…). A este
respecto dijo en esta misma providencia que “el Estado Colombiano
deberá tener en cuenta que los procesos de consulta previa no podrán
responder a un modelo único aplicable indistintamente a todos los pueblos
indígenas [o afrocolombianos], pues para dar efectiva aplicación
al Convenio 169 de la OIT y en especial a lo dispuesto en su artículo 6°
y en el artículo 7° de la Carta, los procesos de consulta deberán ante
todo garantizar los usos y costumbres de los pueblos indígenas [y tribales],
respetando sus métodos o procedimientos de toma de decisiones
que hubieren desarrollado” En la Sentencia SU-039 de 1997, la Corte
Constitucional puntualizó las condiciones de diálogo e información
que deben orientar los procesos de consulta que surjan en aplicación
del literal a) del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT:“… la
adopción de relaciones de comunicación y entendimiento, signadas por
el mutuo respeto y la buena fe entre los voceros de los pueblos indígenas
y tribales y las autoridades públicas, tendientes a buscar: a) Que la
comunidad tenga un conocimiento pleno sobre los proyectos destinados