El desplazamiento afro. Tierra, violencia y derechos de las ...

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El desplazamiento afro
Rodrigo Escobar Gil, la doble dimensión del derecho a la participación
de las comunidades étnicas: (i) la obligación de establecer “los
medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables
de políticas y programas que les conciernan; “ y (ii) el deber de
consulta previa “en relación con las medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectar directamente a dichos pueblos.” Con base
en esta precisión hermenéutica, en ese mismo fallo la Corte diferenció
dos niveles distintos de afectación de los pueblos indígenas y de
las comunidades afrocolombianas que activan distintas obligaciones
internacionales del Estado colombiano: “De este modo, cuando se
adopten medidas en aplicación del convenio, cabe distinguir dos niveles
de afectación de los pueblos indígenas y tribales: el que corresponde a
las políticas y programas que de alguna manera les conciernan, evento
en el que debe hacerse efectivo un derecho general de participación, y
el que corresponde a las medidas administrativas o legislativas que
sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el cual se ha
previsto un deber de consulta.” En cuanto a los requisitos de tiempo,
modo y lugar que debe cumplir la realización de la consulta, y específicamente
de la consulta de medidas legislativas, la Corte señaló en
la sentencia C-891 de 2002; MP: Jaime Araujo Rentería, que en
cuanto se trate de proyectos de ley de iniciativa gubernamental “la
entidad debe brindarle a las comunidades, en un momento previo a la
radicación del proyecto en el Congreso de la República, las debidas
oportunidades para que ellas no sólo conozcan a fondo el proyecto sino,
sobre todo, para que puedan participar activamente e intervenir en su
modificación, si es preciso”. En esa misma providencia la Corte también
señaló que el escenario previo a la radicación del proyecto no
era el único espacio deliberativo en el que los pueblos indígenas y
las comunidades afrocolombianas pueden participar durante el proceso
tendiente a la expedición de normas que los afectan, “toda vez
que en el Congreso de la República dicho proceso participativo no se
interrumpe, sino que, por el contrario, allí los pueblos indígenas [y también
las comunidades afrocolombianas] cuentan con un espacio de
discusión y participación en el marco de un Estado democrático, en el
que pueden canalizar sus propuestas a través de los congresistas elegidos,
y, por otro, que “… la consulta previa a la ley, es adicional a la
participación que se les debe dar a los pueblos indígenas [y a las comunidades
afrocolombianas] a partir de su entrada en vigencia, esto
es, con posterioridad a la expedición de la respectiva ley; destacándose
el especial cuidado que deben observar las autoridades que tienen a su
cargo el desarrollo administrativo de la misma, particularmente en lo
tocante a la adopción de las medidas administrativas susceptibles de
afectar directamente los intereses de tales pueblos.” Finalmente, en
cuanto a la consecuencia jurídica de la omisión del deber de consulta,
la Corte resaltó en la sentencia C-030 de 2008 que (i) el deber