El desplazamiento afro. Tierra, violencia y derechos de las ...

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Anexo: Auto de 2009
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
reitera la obligación de los Estados Partes de comprometerse
“a respetar los derechos y libertades reconocidos en
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color (…), origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (Ar.
1.) y el derecho de toda persona, “ sin discriminación, a
igual protección de la ley” (Art. 24).
24. De igual forma, dentro instrumentos internacionales
aplicables, merece ser resaltado el Convenio 169 de la
OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que hace parte
del bloque de constitucionalidad. Dicho Convenio establece
una serie de garantías y derechos de los pueblos
indígenas y tribales, al igual que distintas obligaciones
de los Estados para asegurarlos. Entre otras, consagra
que “la conciencia de su identidad tribal deberá considerarse
un criterio fundamental para determinar los grupos a los que
se aplican las disposiciones del presente Convenio; (Art.1)”;
instituye la obligación de los gobiernos de “asumir la responsabilidad
de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a
proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto
de su integridad”, tomando medidas que: “a) que aseguren
a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad,
de los derechos y oportunidades que la legislación nacional
otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan
la plena efectividad de los derechos sociales, económicos
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social” (Art. 2) y que “todo niño tiene
derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica
o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de
menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad
y del Estado”. (Art. 25).