El municipio: una institución diseñada para el fracaso

ubro acapara la mayor parte de los recursos de los fondos (57% en
2011). Desafortunadamente, 75% de los recursos destinados a movilidad
urbana de los FM han sido utilizados para construir o mejorar vialidades, 60
lo cual no necesariamente contribuye a mejorar la movilidad urbana en el
mediano y largo plazo. El único proyecto de transporte masivo financiado
vía FM ha sido la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
La participación del Gobierno Federal en el desarrollo de sistemas del
transporte público masivo es necesaria en virtud de las debilidades
técnicas y financieras de los gobiernos municipales y de muchos gobiernos
estatales. Administrar una red de transporte público concesionado con
autobuses y microbuses es una tarea relativamente sencilla y barata.
Financiar y gestionar la construcción de una línea de tren suburbano o
de BRT es mucho más complicado y por el momento son contados los
gobiernos estatales que por sí solos pueden desembolsar los miles de
millones de pesos que estos proyectos requieren.
La Ley general de transporte urbano y suburbano
Un panorama general del rol del Gobierno Federal en la movilidad de las
ciudades no estaría completo sin mencionar la Ley General de Transporte
Urbano y Suburbano (LGTUS). Esta iniciativa de ley fue presentada en
el Senado61 en septiembre de 2011, y al cierre del presente informe
aún estaba en discusión en dos comisiones legislativas del Senado. La
aprobación de esta ley tendría implicaciones importantes para la movilidad
de las ciudades mexicanas. La ley tiene como objetivo “fomentar el
transporte sustentable urbano y suburbano público y privado, organizar
la coordinación de acciones con ese propósito de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, y establecer y prever regulaciones
federales sobre dicho transporte”. 62
La ley propone la creación de una Comisión Nacional de Transporte
Urbano y Suburbano, encargada de coordinar y regular las políticas y
proyectos de movilidad y transporte de los tres niveles de gobierno a
través de un programa con el mismo propósito. Esta comisión también
estaría cargo de la administración de un Fondo Nacional de Transporte
Urbano y Suburbano, que financiaría proyectos de transporte y movilidad
en las ciudades. Este fondo, que operaría como fideicomiso de Banobras
(independiente al PROTRAM) se financiaría a partir de un impuesto de
50 centavos por litro a los combustibles. La comisión contaría con un
Secretaría Técnica, cuyo titular sería designado por el Presidente de la
República. En virtud de estas propuestas, en caso de ser aprobada, la
LGTUS jugaría un rol muy importante en el desarrollo de la movilidad
urbana en México, particularmente a través de la coordinación intergubernamental,
la regulación de la movilidad y la inversión en el rubro.
134 EL MUNICIPIO UNA INSTITUCIÓN DISEÑADA PARA EL FRACASO
4. ¿Qué pueden hacer los gobiernos locales para
mejorar la movilidad urbana?
Crear instituciones municipales de movilidad. Si bien la movilidad urbana
es un tema que requiere la participación y coordinación de los tres niveles
de gobierno, los gobiernos municipales deben asumir el papel más
importante en el tema. El problema es que no cuentan con instituciones
que les permitan gestionar eficazmente la movilidad de las ciudades.
Para ello necesitan abandonar el modelo tradicional, donde el municipio
se encarga únicamente de la regulación del tránsito y deja en manos
de los gobiernos estatales el transporte público concesionado de baja
capacidad (autobuses, microbuses y camionetas). En este modelo, temas
como la gestión de la demanda del automóvil, la movilidad no motorizada
o el transporte público masivo no tienen cabida. Los retos actuales exigen
a las ciudades mexicanas muchas mayores responsabilidades en todos
los ámbitos de la movilidad. Por lo tanto, un buen punto de partida para
muchos municipios urbanos del país sería la creación de una institución
de movilidad, de perfil técnico y con autonomía de gestión, enfocada a
mejorar la movilidad en el municipio (y en la ciudad) en conformidad con
los Planes Integrales de Movilidad Urbana (PIMUS). Estas instituciones
tendrían que trabajar de manera conjunta con los gobiernos estatales
y federal en materia de transporte público así como coordinar sus
programas y políticas con los de otros gobiernos municipales. También
tendrían que coordinarse con los institutos locales de planeación a fin de
asegurar la coherencia entre las políticas de desarrollo urbano y las de
movilidad. La creación de instituciones de gestión de la movilidad podría
mejorar la movilidad urbana en muchas ciudades del país, impulsando
su competitividad y elevando la calidad de vida de sus habitantes. Para
que estas instituciones funcionen adecuadamente, deberán contar con
un equipo profesional especializado y con continuidad a lo largo de varios
ciclos de gobierno, a fin de preservar la curva de aprendizaje y no tener
que comenzar de cero cada tres años. Un buen ejemplo de instituciones
con estas características son los institutos municipales de planeación de
municipios como León y Aguascalientes. El diseño institucional de estos
IMPLANes puede ser de gran utilidad para crear instituciones autónomas
y profesionales de movilidad en las principales ciudades del país.
Adoptar un enfoque analítico, profesional y basado en evidencia para
resolver retos de movilidad en las ciudades. Actualmente, los gobiernos
locales del país cuentan con muy poca información útil y confiable sobre
los patrones de movilidad de las personas. Por ende, no son capaces
de enfrentar adecuadamente sus retos en materia de movilidad. Como
en todas las disciplinas empíricas, lo que no se mide no se puede
mejorar. La creación de instituciones municipales de movilidad podría
institucionalizar la tarea de recabar información sobre la movilidad local