El municipio: una institución diseñada para el fracaso

• Enviar señales de precios adecuadas: La manera más efectiva de
lograr este objetivo es cobrando a los usuarios todos los servicios
que se requieren tanto para llevar el agua hasta ellos como para
regresarla al entorno natural con la misma calidad (o mejor) que
como la recibió. Para ello, es indispensable concientizar a la
población sobre la necesidad de que las tarifas cubran los costos
operativos, de inversión y tratamiento, así como los costos de escasez.
Esto haría socialmente más aceptable un aumento en el nivel de
las tarifas, además de que es una manera efectiva de cambiar el
comportamiento de los usuarios. De acuerdo con un estudio del
INE, los precios tienen un efecto de reducción del consumo de agua
urbana, con una elasticidad precio de la demanda que va de -0.22
a -0.58. Es decir, si se incrementara la tarifa en 100%, el consumo
por habitante disminuiría entre 22% y 58%. 33
Incluso es deseable eliminar los subsidios a aquellos volúmenes
que estén por arriba del requerido para cubrir las necesidades
vitales. Se ha demostrado que los subsidios generalizados al agua,
además de propiciar un exceso en el consumo de agua de todos
los sectores, terminan beneficiando más a los hogares de mayores
ingresos. Una consecuencia indirecta es que con la ausencia de
recursos suficientes para aumentar la cobertura o mejorar el servicio,
los hogares de menores ingresos no gozan de una conexión a la red
de agua potable y alcantarillado, o bien, enfrentan un peor servicio
(ej. cortes, tandeo, etc.).Lo ideal es dar subsidios que sean lo más
neutrales al consumo de agua que sea posible (como los vouchers
que se otorgan en Chile), pero en caso de tener que darlos en “forma
de agua” sólo debieran darse hasta cierto consumo: lo necesario
para vivir por familia. Todo el consumo extra de estos hogares debe
pagar una tarifa de agua de acuerdo a los precios de mercado.
Los pasos intermedios que se requieren para establecer precios
adecuados para el agua de uso urbano son:
a) Transferir la facultad de determinar las tarifas de agua de
los Congresos locales a un ente regulador independiente
(ej. Comisión estatal del agua), o bien, al propio organismo
operador pero sujeto a lineamientos establecidos por una
autoridad técnica. El hecho de que actualmente las tarifas sean
determinadas cada año por los Congresos locales implica un
factor de riesgo en la planeación de los flujos de los organismos
y por lo tanto afecta los planes de inversión en infraestructura.
b) Incluir en los costos económicos los costos por remediación
ambiental, la creación de infraestructura pública y los costos
sociales de escasez, aplicables a todos los usuarios. Para ello,
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y en coincidencia con la propuesta del Consejo Consultivo del
Agua, 34 la CONAGUA también debe incluir dichos costos en el
cobro de los derechos por el agua en bloque que les entrega a
los municipios, al igual que para las descargas en ríos, aguas
costeras y otros cuerpos relevantes de las aguas residuales
municipales. Tales derechos podrían ser devueltos a los gobiernos
locales por medio del sistema de PRODDER, 35 y condicionar las
participaciones federales dependiendo de su cumplimiento.
c) Crear indicadores de seguimiento de la cantidad disponible del
agua, así como de su calidad y usos.
Otra propuesta que consideramos clave para balancear las oportunidades
de acceso al agua de los distintos sectores sociales y económicos está
en el ámbito de competencia del Gobierno Federal. Sin embargo, es
clave hacer un llamado a la CONAGUA y SEMARNAT para que reviertan
de manera definitiva las políticas públicas que hoy favorecen al sector
agrícola en el acceso al recurso, y que tiene implicaciones directas y
muy fuertes sobre las condiciones de calidad y cantidad de agua que los
ciudadanos y algunas industrias reciben. Para ello, IMCO recomienda:
• Profundizar los mercados de agua. Al concentrarse en el sector
agropecuario la mayor proporción de las concesiones (que lo
llevan a consumir cerca del 80% del volumen total del agua), y al
impedir la transferencia de los derechos de extracción entre este
y los demás sectores que compiten por su uso, se genera escasez
para las demás actividades económicas. El sector industrial es el
principal sector que se ve afectado cuando la CONAGUA decreta
como zonas de veda a las regiones que sufren una alta escasez.
Esto genera fuertes incentivos para que se creen mercados negros, es
decir, se promueve la venta ilegal de las concesiones agrícolas para
destinarse a otros usos, como el industrial. Para dar solución a este
problema, es urgente profundizar los mercados de agua, donde se
permita y flexibilice el intercambio de los derechos de extracción entre
todos los usuarios. Los bancos de agua son instrumentos eficientes para
crear mercados de agua regionales que permiten transferir los recursos
hídricos a aquellas actividades que agreguen un mayor valor por su
uso. Sin embargo, actualmente únicamente se permite la transferencia
de los derechos si éstos tendrán el mismo uso al originalmente
concesionado. Para eliminar estas restricciones es necesario reformar
la Ley de Aguas Nacionales para permitir la transferencia permanente
y temporal de los títulos de concesión entre distintos usos.
En suma, los avances en los últimos dos años en las políticas públicas del
sector hídrico continúan siendo insuficientes, más aún si se considera la