Roberto Gargarella, Félix Ovejeroeran impedidos de ingresar). 21 Ello, aunque dicha representación degrupos —tal vez— no constituya una parte necesaria de la democracia.Nos dirá Laporta: pero ésta es una forma de degradar al elector,de decirle que no acabamos de confiar en él. 22 No, no es así. Lo queocurre es que muchos de los prejuicios y las barreras a las que seenfrentan ciertos sectores (es el caso, por ejemplo, de la comunidadnegra en los Estados Unidos) han sido explícitamente creadas por lasnormas estatales (que les impedían, por ejemplo, votar, o participaren la Universidad). De ahí que los remedios estatales puedan ser necesariospara comenzar a resolver los problemas que el mismo Estadoha contribuido decisivamente a crear. En la medida en que tales remediosacaben impregnando las prácticas deliberativas y ayuden a modificarlas preferencias, ellos acabarán por resultar prescindibles.C) Deliberación y asambleas colectivas. La defensa de un sistemainstitucional deliberativo no supone, obviamente, la necesidad de poneren discusión todas las cuestiones de interés colectivo, ni exige quela discusión favorecida se celebre en asambleas gigantescas, ni tampoconecesita de ciudadanos que dediquen la mayor parte de sus vidasa aburridas discusiones. Un objetivo central, al menos en muchos autores“deliberativistas” (como C. Nino, J. Cohen, o J. Fishkin), es el defavorecer la deliberación colectiva dados los beneficios que puedenasociarse a dicha práctica (ganar información, corregir mutuos errores,educar a la ciudadanía en la tolerancia de opiniones diversas,“forzarnos” a pensar en los demás) y los perjuicios que pueden asociarsea la falta de discusión pública (decisiones dogmáticas, decisionesdestinadas a favorecer a un pequeño grupo, incremento de ladesconfianza de la ciudadanía hacia sus representantes). Debe quedarclaro, sin embargo, que asumir este presupuesto no implica asumir21 Cfr. GARGARELLA, R., (ed.), Derecho y grupos desaventajados, Barcelona,Gedisa, 1999.22 De confirmarle, mejor, porque tampoco Sartori y, en menor grado, Laporta sefían mucho del votante. Esa desconfianza es uno de los ejes de su defensa de lademocracia representativa.72
Democracia representativa y virtud cívicaque recurriendo a la discusión, mágicamente, conseguimos decisionesmás imparciales y una ciudadanía más ilustrada. 23 La discusión puedellevarnos a resultados poco atractivos: por ejemplo, luego de ser manipuladapor demagogos, o por gente retóricamente más preparada o,simplemente, por los que tienen más recursos para comprar propagandaen favor de sus propuestas. Pero —podrán alegar los“deliberativistas”— este tipo de problemas, junto con muchos otros,también distinguen al sistema representativo actual, alimentado a travésde una infinidad de recursos volcados en las campañas electoralesy distinguido por sus líderes “mass-mediáticos.”Por otra parte —pueden decirnos los “deliberativistas”— existenmúltiples y muy conocidas formas de favorecer la deliberación, reglarsus procedimientos, y controlar sus resultados —de modo tal demaximizar los beneficios esperados de la discusión, y minimizar susposibles costos. Una forma de favorecer la discusión colectiva sin siquierarecurrir a las asambleas masivas que asustan a nuestros autores,es a través del uso de los medios de comunicación. En los EstadosUnidos, por ejemplo, y durante años, se puso en práctica la llamada“doctrina de la equidad” (fairness doctrine) (celebrada por la mismaCorte Suprema en Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 1969), que obligabaa los medios a ocuparse de cuestiones de interés público y ahacerlo confrontando distintos puntos de vista. Como bien dijeron losjueces que examinaron la propuesta, en su momento, dicha propuesta(como muchas otras que pueden pensarse a la hora de incentivar ladeliberación) requiere ser evaluada concretamente en cada ámbito endonde se la aplique para que pueda determinarse así, poco a poco,hasta qué punto la misma cumple con lo que promete o contribuye,por el contrario, a empobrecer el debate público. Esto es, propuestas“deliberativas” como la señalada no necesitan aplicarse ciegamente, o“de una vez y para siempre,” sino que pueden y merecen ser aplicadascon cautela (en procesos de “ensayo y error”), y supervisadas de cercapor los organismos de control público.23 Cfr. PRZEWORSKI, A., en Manin, Przeworski, Stokes, op. cit.73
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