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José Rubio Carracedosólo en campaña electoral, las normas de veracidad (información noengañosa), de autolimitación al propio producto, de buena fe, de noexplotación del miedo de los ciudadanos, de no incitación al error alreferirse a la competencia, de respetar el buen gusto, de evitar lapropaganda discriminatoria, del derecho al honor de los adversarios(que no enemigos), de garantía de demostrabilidad de lo afirmado, deevitación del plagio y/o de la distorsión de la competencia, de evitaciónde las comparaciones inexactas o malévolas…, todo ello sometido a unjurado (o un arbitraje) institucional y con capacidad sancionadora real?Ahora bien, ¿cómo sería posible formular y hacer vigente tal código?Esto es ya una cuestión técnica. Podría recogerse en la propia ley departidos políticos o en la ley electoral. Pero quizá fuera preferible una leyespecífica, obviamente aprobada por las cámaras, en la que se fijaría elcódigo democrático y la institución encargada de implementarlo. Inclusopodría pensarse en que los propios partidos se encargasen del códigoen términos de autocontrol consensuado, puesto que nadie debería estarmás interesado que ellos mismos en su credibilidad. Pero me temoque eso sería pedirle peras al olmo.La puesta en marcha de tal Código de Conducta Democrática podríaser un buen comienzo, como lo ha sido en términos generales lavigencia del Código de Conducta Publicitaria para los consumidores, yaque con ello se pondría en marcha un mecanismo de realimentacióndemocrática incesante. En este sentido, tal código democrático podríadesempeñar, además, un papel primordial para educar ciudadanosexigentes y responsables, contando con la base mínima antes postulada,porque de poco servirían unos dictámenes institucionales sobre lasviolaciones del código democrático si la ciudadanía es incapaz de apreciarlosy valorarlos. También la clase política terminaría por sensibilizarsepaulatinamente o sería forzada al retiro.c) El Consejo de Control de los Partidos. Desde hace algún tiempo seviene insistiendo, sobre todo en los países anglosajones (aunque tambiénJosé María Maravall simpatiza con la misma idea: véase su colaboraciónen el libro recientemente coordinado por Przeworski, Stokes yManin), en la necesidad de crear institucionalmente un “Consejo de Controlde los Partidos” como un remedio eficaz para combatir su creciente90