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Hay, además, proyectos nuevos que anuncian avances significativos en la
recuperación capitalista de los valles de la Costa. Por ejemplo, el sembrío de
grandes extensiones de caña de azúcar para etanol en los departamentos
norteños de Piura y Lambayeque, que reconvertirá tierras dedicadas ahora al
arroz y que se desarrollará no sólo en fundos grandes sino también en
pequeñas y medianas propiedades. Fuera de las posibilidades de tecnificar y
extender las áreas del algodón Pima en Piura, venidas a menos también
luego de la reforma agraria, introducir nuevas variedades de algodón, más
productivas, en otros valles, y tecnificar y formalizar la cadena del maíz
amarillo duro para los pollos.
Lo increíble es que se dejara involucionar tan gravemente a la agricultura
costeña durante tantos años después de la reforma agraria, que destruyó los
derechos de propiedad y los reemplazó por sistemas cooperativos
compulsivos que desalentaban el trabajo y fomentaban la sustracción de los
bienes de la empresa, es decir, su descapitalización, como veremos más
adelante. Pero lo inconcebible es no sólo que la reforma agraria implantara
un régimen de propiedad autodestructivo, sino que, además, el agro
permaneciera jurídicamente cerrado para la inversión durante más de 25
años, hasta la Constitución de 1993. En efecto, aunque ahora parezca
mentira, la Constitución de 1979, en cuya redacción participaron destacados
dirigentes del partido Popular Cristiano y del partido Aprista, proscribía en
buena cuenta la sociedad anónima del agro y prohibía el alquiler de tierras.
Algo verdaderamente medieval. En efecto, el artículo 157º establecía que
“El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra…,
directamente conducida por sus propietarios… Hay conducción directa
cuando el poseedor legítimo e inmediato tiene la dirección personal y la
responsabilidad de la empresa”. De modo que ni la sociedad anónima ni el
arriendo eran posibles, y el agro quedaba reservado, como un coto de caza,
exclusivamente para la acción social y clientelista del Estado o de los
gobiernos de turno.
Por eso es que tardó tanto la revolución agroindustrial en el Perú, cuando
Chile ya la había iniciado dos décadas antes, y pese a tener nuestro país
mejores condiciones para este proceso. Las agroexportaciones comienzan a
tener dinamismo recién a partir de 1994, luego de que los muros
constitucionales y legales a la inversión privada en el campo fueran
derribados. Y es también recién a partir de mediados de los noventa que se
les permite a las cooperativas azucareras, antes verdaderos emporios de los
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