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mínimo (Enrique Toledo). La idea de Fondebosque es alcanzar 2 millones de
hectáreas en diez o quince años, generando 500 mil empleos formales en
toda la cadena y efectos ambientales benéficos tales como recuperación de
áreas degradadas, protección de cuencas hidrográficas y combate al
calentamiento global gracias a la mayor captación de carbono. Según el
Comité de Industria de la Madera de Adex, si a las plantaciones sumamos
las concesiones forestales, con unos 3,000 millones de dólares de inversión
en diez años se generaría 560,000 nuevos puestos de trabajo y 1,500
millones de dólares al año en exportaciones.
Pero el efecto más importante de las plantaciones forestales no es económico
ni ambiental. Es un efecto de integración social y cultural entre dos sectores
y modos de vida que han vivido históricamente divorciados y hasta
enfrentados en nuestro país: entre las clases acomodadas, empresariales y
globalizadas de la Costa y las poblaciones campesinas y andinas
tradicionales. Por la sencilla razón de que el sembrío de bosques maderables
en la Sierra demanda entendimientos económicos y contractuales entre las
empresas inversionistas y las comunidades campesinas, propietarias de la
mayor parte de las tierras de la Sierra. Es decir, exige capacidad de
comunicación, confianza y acuerdo entre segmentos de nuestra sociedad
tradicionalmente alejados y desconfiados entre sí. Un ejercicio que, de tener
éxito, ayudaría a resolver la tara colonial del divorcio entre las elites de
origen europeo y la base social de origen andino, o entre el capital y los
sectores más pobres de nuestro país. Tendría, entonces, un poder integrador
muy grande.
Para ello, sin embargo, es necesario diseñar y poner en práctica modelos de
asociación entre empresas y comunidades capaces de superar la
desconfianza mutua y garantizar el cumplimiento recíproco de obligaciones.
En eso estaba Fondebosque en la segunda mitad del 2006. El modelo que se
vislumbraba partía de la necesidad de unos determinados incentivos
tributarios a la inversión forestal en Sierra y suponía un acuerdo por medio
del cual la comunidad pone las tierras y la mano de obra y la empresa pone
la inversión y la dirección técnica, y la renta que producen las cosechas se
divide sea en partes iguales sea en unas proporciones que sean el resultado
de la valorización del usufructo de la tierra y la mano de obra que ponen las
comunidades. En el caso de las empresas mineras, ellas podrían
eventualmente renunciar a una participación en la renta del negocio a
cambio no sólo de paz social sino de obtener reintegros tributarios en la
operación minera por la inversión forestal efectuada, por ejemplo.
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