cca3f-la-revolucion-capitalista-en-el-peru

clases populares, de sectores rurales andinos en particular. La ética del
trabajo de esos sectores pudo desplegarse y la barrera colonial se rompió. Y,
además, aparecieron las primeras transnacionales peruanas.
Como veremos más adelante, sin embargo, ciertos núcleos de privilegio
rentista, como el trabajo sobreprotegido y los monopolios gremiales en la
educación y la salud públicas, que eran la contraparte del proteccionismo
económico, casi no pudieron ser afectados por las reformas, sino de manera
parcial y muy recientemente. Es cierto que la estabilidad laboral absoluta,
que beneficiaba a un escaso 11 por ciento de la PEA (sin contar el sector
público) fue abolida, que se produjeron despidos indemnizados en el Estado,
en las empresas privatizadas y en algunas empresas privadas, y se facilitó
formas temporales de contratación, que generaron una sensación de
“precarización” de la condiciones de empleo. Pero, al mismo tiempo, se
incrementaron los beneficios laborales, tanto los costos no salariales como el
costo del despido, lo que incentivó a las empresas a buscar maneras de
evadir los contratos permanentes de trabajo e incluso a informalizar. El
resultado fue la profundización de la fosa que excluía a las mayorías del
acceso a los derechos laborales.
En la batalla ideológica, sin embargo, quedó la sensación de que las
reformas habían sido anti-laborales, porque afectaron el poder político de las
dirigencias sindicales y porque desapareció la estabilidad absoluta en el
trabajo. Pero si lo fueron, ello no se debió a esto último sino, por el
contrario, a que, como hemos dicho y constataremos más adelante, los
costos de la formalidad laboral se acrecentaron en los noventa, de modo que
la mayor parte de la PEA, que trabajaba en la informalidad y en la ausencia
total de derechos, perdió toda esperanza de acceder a ellos. La reducción de
estos costos recién comenzó en alguna medida el 28 de junio del 2008 con la
publicación del decreto legislativo que establece regímenes laborales
especiales para la pequeña y la micro empresa, una reforma todavía parcial.
A su vez, los privilegios gremiales en la educación pública llegaron a su fin
recién en julio del 2007, con la promulgación de la ley de carrera pública
magisterial, que abolió la estabilidad laboral absoluta del maestro y afirmó el
principio meritocrático.
De otro lado, la reforma de la Constitución de 1979, que consagraba
regímenes de propiedad medievales en el campo, fue vital para que el capital
regresara al agro e irrigara y civilizara áreas que habían involucionado a
niveles de subsistencia y anomia absolutos. Con ello se dio paso a la
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