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incremento de la productividad –a cambio de adecuada retribución- para
ampliar espacios en el mercado. No se quiere ver que el enemigo no está
dentro de la empresa, sino fuera, en el mercado, en la competencia. Desde
que la economía no está protegida y hay competencia abierta, no queda sino
integrar trabajo y capital para sacar adelante la empresa. Por eso las
empresas que tienen más éxito suelen ser las que mejor trato dan a sus
trabajadores, las que crean el mejor ambiente laboral posible.
El problema es que este complejo síndrome, supérstite del pasado, hizo
prácticamente imposible llegar a un nuevo acuerdo o pacto laboral nacional
al interior del Consejo Nacional del Trabajo, uno por medio del cual se
entendiera que una flexibilización de las reglas y un aligeramiento de los
costos no salariales permitirían incluir en la formalidad a muchos excluidos
de toda protección laboral y generar mucho más empleo formal en general,
no sólo como consecuencia directa de la flexibilización y aligeramiento, sino
de la medida en que esto mismo facilitara los procesos de acumulacióninversión
en el país. Uno que, en última instancia entonces, beneficiara a los
propios trabajadores formales, porque les permitiría incrementar sus salarios,
pues a mayor demanda de trabajo por las empresas, más altas resultan las
remuneraciones si la oferta de trabajadores empieza a ser escasa.
Y algo de ese se dio, finalmente, en junio del 2008. El gobierno,
aprovechando las facultades delegadas para legislar en torno a la
implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dictó el
decreto legislativo de acceso progresivo a los derechos laborales, que
establece un régimen laboral mucho menos oneroso para la micro empresa
(hasta 10 trabajadores y ventas anuales menores a 187 mil dólares) en el cual
las vacaciones se reducen a 15 días, no hay Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS) ni gratificaciones y el Estado paga la mitad del seguro
social y del aporte a la pensión de jubilación, y un segundo escalón, con
algunos costos más, para la pequeña empresa (hasta 100 trabajadores y
ventas anuales por 2 millones 125 mil dólares). Si los costos no salariales del
régimen general equivalen a 163 por ciento (por cada cien soles que recibe el
trabajador en su bolsillo, la empresa debe desembolsar 63 adicionales), los
de la microempresa equivalen, con la nueva ley, a 112 por ciento y los de la
pequeña empresa 132 por ciento. 93
93 Cálculo de Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de las Inversiones (AFIN).
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