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La privatización del sistema de pensiones, por su parte, consiguió no sólo un
volumen de ahorro interno –los fondos provisionales- sin precedentes que
permitió conquistar la autonomía financiera nacional por primera vez, sino
que convirtió a más de dos millones de peruanos en propietarios, a través de
los fondos, de las más grandes empresas nacionales y transnacionales del
país, democratizando el capital y renacionalizando, de paso, por esa vía,
sectores que habían sido parcialmente desnacionalizados. El límite a esta
importante revolución distributiva, sin embargo, ha sido nuevamente la
ausencia de una reforma laboral que permita el acceso de las mayorías a
derechos laborales mínimos como la pensión de jubilación.
1. El mito de la desindustrialización
La primera acusación de los defensores del orden protegido y artificial que
rigió hasta fines de los ochenta, es que la apertura económica, es decir, el
desmantelamiento del proteccionismo industrial, llevó a la desaparición de
una parte importante de nuestra industria, a la reducción de su peso en la
economía y a la consecuente “reprimarización o “desindustrialización” de la
estructura productiva de nuestro país. Volvíamos a ser una economía
elemental, basada en la agricultura y en la exportación de materias primas.
Un lamentable retroceso, en suma, respecto de los niveles de complejidad o
de agregación de valor que nuestra estructura productiva había alcanzado
gracias a la puesta en marcha, a partir de los sesenta, de la estrategia de
industrialización por sustitución de importaciones, o “desarrollo hacia
adentro”.
El punto de partida de esta estrategia fue la ley de industrias de 1959 del
segundo gobierno de Manuel Prado. A partir de ese año los aranceles
empezaron a subir para proteger a las industrias de la competencia externa, y
el resultado fue el surgimiento de una industria ensambladora, artificial y
cara. Era muy fácil decirle al gobierno: fíjese, voy a producir televisores, de
modo que necesito una protección de, digamos 200 por ciento, y acto
seguido importar las partes y armar el televisor. En efecto, en los sesenta se
instalaron, por ejemplo, industrias de artefactos eléctricos y la automotriz.
Esta última pasó de tener una protección efectiva de 13 por ciento en 1963 a
una de 214 por ciento en 1965. Un año después, en 1966, se habían
establecido 13 plantas de ensamblaje automotor, número ridículamente
excesivo para un mercado tan pequeño como el peruano (De Althaus, 1987).
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