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lo decidiesen. Pues no cabe duda que la titulación al interior de las
comunidades tendría un impacto extraordinario en la integración de la Sierra
al mercado.
En 1996 se crea también la Comisión de Formalización de la Propiedad
Informal (COFOPRI), con la misión de ejecutar un programa asimismo
masivo de formalización de la propiedad urbana, concentrando para ello
funciones y decisiones que antes estaban en manos de las municipalidades.
Ya en 1988 se había creado el Registro Predial, alentado por Hernando de
Soto, con la idea de introducir, por primera vez en el país, un sistema de
inscripción de derechos de propiedad con base catastral, utilizando
procedimientos y formularios simplificados y baratos, y basado en el
reconocimiento de las normas y prácticas extra-legales utilizadas en el sector
informal. COFOPRI trabajó con esa metodología y entre julio de 1996 y
2000 había titulado e inscrito en los registros públicos un millón de lotes. A
junio del 2008 esa cifra se había elevado a 1 millón 739 mil.
Entre urbanos y rurales se había logrado titular, a junio del 2008, 3 millones
450 mil predios, capitalizando a alrededor de 14 millones de peruanos. Una
reforma de un profundo impacto redistributivo que habría contribuido a la
mayor velocidad de incremento de los ingresos en los niveles socio
económicos E, D y C durante el ciclo de crecimiento inaugurado en el 2002,
que hemos reseñado en el capítulo anterior.
Lo que está en debate es la medida de esa contribución. El Instituto Libertad
y Democracia (ILD) calculó en 9,643 millones de dólares los beneficios
netos de los programas de formalización de predios urbanos y empresas en
el periodo 1991-2002, fecha a la que se había titulado e inscrito 1 millón 300
mil lotes en Lima y varias ciudades del país. Esa cifra, y sus componentes tal
como aparecieron en un comunicado del ILD publicado el 17 de diciembre
del 2004, fueron cuestionados, sin embargo, en un libro publicado por
Richard Webb, Diether Beuermann y Carla Revilla (2006), que argumentó
que los números del ILD estaban sobreestimados o simplemente mal
construidos, entre otras razones porque la gente no percibe que el título
Cofopri agregue mucha más seguridad que títulos anteriores (municipales,
por ejemplo), y una parte de los titulados y formalizados por COFOPRI ya
tenían algún título anterior.
El ILD respondió, a su vez, con una publicación (2007) en la que se reafirma
en la cifra total pero modifica a la baja las cifras parciales correspondientes
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