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670 soles al asignado en los ocho departamentos más pobres (Vásquez,
2007, p. 8).
El Estado ha sido ineficaz redistribuyendo pese a que tuvo recursos, pues el
cambio de modelo económico y la consecuente recuperación de la economía,
permitieron que el Estado batiera records de recaudación. En efecto, la
presión tributaria llegó a 14.5 por ciento del PBI en 1997, a 15.1 por ciento
en el 2006 y a 15.6 el 2007, niveles sin precedentes y que demuestran que no
hay contradicción entre el mercado y redistribución y que el Estado “liberal”
podía ser más redistributivo que el Estado populista. El problema ha sido la
ineficacia flagrante en esa tarea, excepción hecha, en los noventa, de los
programas de titulación de la propiedad, de los progresos en carreteras,
caminos, salud y agua potable realizados en el interior y en el área rural,
gracias principalmente a la bondad de algunas gestiones sectoriales, a la
eficacia de FONCODES y, como veremos, de los Comités Locales de
Administración de Salud (CLAS), que pusieron la gestión de la posta médica
en manos de la comunidad. Y a la gerencia presidencial directa en el interior
del país.
No sólo la ineficacia redistributiva a través del gasto social. El Estado,
además, excluía de manera directa cuando consagraba la estabilidad laboral
absoluta de los maestros en las escuelas y no permitía la participación de los
padres de familia y la comunidad en la gestión de las escuelas y en la
decisión sobre los contratos de los profesores, realidad que ha comenzado a
cambiar con la promulgación, en junio del 2007, de la Ley de Carrera
Pública Magisterial, una reforma fundamental. También excluye de manera
directa cuando retrocede en el único avance importante de integración de la
comunidad en la administración de los servicios de salud a través de los
mencionados CLAS, como veremos en el capítulo XIX.
Pero el Estado también ha funcionado como un límite a las posibilidades de
inclusión del modelo en lo que se refiere a la legislación laboral, que ha
impedido, por su elevado costo para las empresas, que un mayor número de
empresas y trabajadores sin derechos puedan formalizarse. 20 Esa legislación
no sólo es una fuente directa de exclusión por esa razón, sino también una
20 Sin embargo, en junio del 2008 el gobierno dio un paso importante para reformar esta situación al dictar
un decreto legislativo de acceso progresivo a los derechos laborales, que establece un régimen laboral
mucho menos oneroso para la micro empresa (hasta 10 trabajadores y ventas anuales menores a 187 mil
dólares), en el cual el Estado paga la mitad del seguro social y del aporte a la pensión de jubilación, y un
segundo escalón, con algunos costos más, para la pequeña empresa (hasta 100 trabajadores y ventas anuales
por 2 millones 125 mil dólares).
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