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centralista-, no la ha habido hacia el área rural andina. Mientras la pobreza
en la costa rural cae 13 por ciento entre el 2004 y el 2007, lo hace en solo 2.5
por ciento en la sierra rural (ver Cuadro Nº 6).
Es decir, la pobreza se ha reducido menos en las zonas menos conectadas al
mercado. Lo que significa que es el Estado el que ha fallado en su función
integradora.
2. La titulación de la propiedad
Una de las reformas que hizo posible la redistristribución de la renta hacia
los sectores populares, sobre todo a partir de la segunda mitad de los
noventa, fue la titulación de la propiedad rural y urbana. Para la propiedad
rural se creó, en 1992, el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro
Rural (PETT) que, en realidad, sólo comenzó un proceso masivo de
titulación y registro de tierras a partir de 1996, luego de que se suscribiera un
convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para
ese fin. A setiembre del 2001, este proyecto había titulado e inscrito en los
registros públicos a más de un millón de predios, lo que fue vital para que
una parte de la pequeña propiedad agraria en la Costa pudiera conectarse a la
revolución agroexportadora que comenzó a extenderse a partir de los años
94-95, luego de que la Constitución de 1993 permitiera la presencia de
sociedades anónimas en el agro, lo que estaba proscrito con la Constitución
anterior. A junio del 2008, el PETT –absorbido ya por la Comisión de
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI)- había titulado e
inscrito 1 millón 710 mil predios, la mayor parte de ellos en la Costa.
Quedaba pendiente la titulación individual al interior de las tierras agrícolas
de las comunidades campesinas en la Sierra, tema en el que el prejuicio
ideológico impedía reconocer que las comunidades son, en realidad,
asociaciones de pequeños propietarios que reciben sus tierras en herencia y
las dan a sus hijos de la misma manera, y que la comunidad existe para fines
de administración común de ciertas decisiones de siembra en las tierras de
secano y para las obras comunales, pero no para la propiedad de la tierra
agrícola. No obstante, en junio del 2008 el gobierno emitió un decreto
legislativo que facilita la decisión de la comunidad de traspasar la propiedad
de dichas tierras a sus comuneros posesionarios, al reducir el número de
votos necesarios para aprobar esa decisión de los dos tercios a la mitad del
padrón de comuneros. Todavía hacía falta un programa de COFOPRI
orientado específicamente a titular masivamente en las comunidades que así
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