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del ambiente. En efecto, en ellas el área se divide en 40 “cuarteles” y se
explota un cuartel por año de modo que el año 40 se regresa al primero de
ellos.
Como sabemos, en el Perú tenemos alrededor de 70 millones de hectáreas de
bosques. De esas, sólo 24.5 millones han sido autorizadas, por la ley, para la
producción forestal. A septiembre de 2008 se había firmado 606 contratos de
concesión dentro del nuevo régimen, que representan 7.8 millones de
hectáreas, unas 12, 950 hectáreas en promedio por concesión. El tamaño
mínimo es 5 mil hectáreas. El máximo, 50 mil (Camino, 2008).
Pero de esos 606 contratos, 29 -412,934 hectáreas- habían revertido al
Estado, por incumplimiento de compromisos. Más aun, de las 577
concesiones restantes, más de la mitad tienen problemas de incumplimiento
sea del pago mensual al INRENA sea de sus planes de manejo forestal. A
mayo de 2008, por ejemplo, OSINFOR había comprobado que de 115
supervisiones realizadas, sólo 47 concesiones forestales, apenas algo más del
40 por ciento, venían implementando sus planes de manejo forestal en forma
adecuada (Álvarez, 2008). Y la razón tiene que ver, nuevamente, con la
ideología, con residuos de la misma ideología anterior supuestamente
protectora de los pequeños contra los grandes, que se colaron en la nueva ley
y en su ejecución. Para comenzar, según el ing. Rafael Tolmos, presidente
del Comité de la Madera de Adex, ni siquiera el tamaño mínimo de 5 mil
hectáreas para las concesiones es suficiente si se quiere una explotación
rentable y sostenible a la vez. La densidad de especies comerciales es tan
pequeña, que se necesita extensiones grandes para establecer un programa de
rotación de campos. En efecto, en una hectárea hay alrededor de 120 m3 de
madera disponible, pero sólo tienen valor comercial -en este momento- unos
3 m3 en promedio, aunque se puede llegar, en el mejor de los casos, a 10 o
15 m3. Un aserradero, por ejemplo, requiere 200 mil hectáreas para trabajar
a tiempo completo. Fueron consideraciones políticas y no técnicas las que
llevaron a bajar el área mínima de la concesión a 5 mil hectáreas.
Pero eso no fue todo. Según Reynaldo Oliart y otras opiniones vinculadas a
la Confederación Peruana de la Madera, a la hora de la asignación de las
concesiones, la misma presión política e ideológica azuzada activamente por
ONGs ambientalistas como la WWF, operador de USAID, llevó a preferir en
el otorgamiento de las concesiones a empresas pequeñas o medianas sin
capacidad económica para afrontar las necesarias inversiones. Y el resultado
ha sido no sólo que no puedan cumplir con los pagos a INRENA, sino toda
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