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modo más paulatino, a lo largo de cinco años. En ambos casos, sin embargo,
algunos componentes de la tarifa bajaron, como el costo del tiempo hablado
o la larga distancia, pero sin capacidad de compensar la subida de la renta
básica porque su participación en la tarifa total era menor.
Hasta hoy un sector de políticos y de la opinión pública sigue pensando que
la renta básica de la telefonía es un abuso y un privilegio mercantilista
concedido por el gobierno de Fujimori en el contrato u obtenido
fraudulentamente por la Telefónica a través del organismo regulador,
Osiptel, pues no estaría establecida en el contrato. Se trataría de un caso de
exacción del dinero de los peruanos por parte de una empresa extranjera,
española por añadidura. El prototipo del poder de una transnacional que
logra decisiones de política a su favor.
La verdad, sin embargo, es que el ritmo y montos de la subida de la renta
básica o mensual, así como su disminución posterior en aplicación del
“factor de productividad”, estaban contenidas en las bases de la licitación
internacional con las que se convocó a la privatización de la Compañía
Peruana de Teléfonos y ENTEL (San Román, 10-11-06). Licitación a la que
se presentaron tres consorcios. Telefónica ganó ofreciendo, recordemos, la
asombrosa cifra de 2002 millones de dólares, mientras el segundo postor
ofreció 857 y el tercero 803 millones. El precio base había sido de 546
millones de dólares.
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