Lecturas Tercera Agosto 2012 - Insumisos

constituyen el 29,7% de la población rural, y otras 300 mil cuentan con un pedazo de terreno o lo tienen en
cantidad insuficiente.
El resultado de esta injusticia, reflejada en toda la población, es que casi el 40% del sector rural vive en
situación de pobreza y de pobreza extrema y el 15% de la población padece algún grado de desnutrición.
Estas estadísticas, aunque necesitadas de una actualización que apunta a un peor panorama, sirven por lo
menos para tener una idea de la tragedia que vive la población rural.
El desorden campea en lo relativo a la tenencia de la tierra por la falta de un catastro que pudiera ayudar a
un control razonable y la corrupción de gobiernos y de los poderes Judicial y Legislativo. Las informaciones
disponibles hablan de otorgamiento y venta de tierras a extranjeros tras el fin de la guerra con Uruguay,
culminada en 1870, así como de la distribución fraudulenta de 11 millones de hectáreas por el dictador
Alfredo Stroessner (1954-1989) a amigos, militares, socios de negocios sucios y hasta amantes.
La Comisión Verdad y Justicia reveló que 7.851.295 hectáreas mal habidas, el 19% del territorio nacional,
fueron distribuidas de forma irregular entre 1954 y el 2003, período que gobernó el dictador Stroessner y
durante administraciones de la Alianza Nacional Republicana (Partido Colorado).
Todo esto ayudó a sentar bases para la agricultura de exportación a gran escala como se practica hoy y a la
posesión por políticos y otros favorecidos de millones de hectáreas de las denominadas tierras mal habidas.
Por supuesto, la exclusión social de las comunidades campesinas e indígenas es altamente preocupante y su
bajo nivel de vida progresa gracias a la mecanización, la agricultura extensiva dedicada a la exportación y la
existencia de más de 26 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería, actividad preferida por los
latifundistas.
La expulsión de campesinos de sus tierras y hasta la utilización de todo tipo de violencia contra ellos,
incluyendo los crímenes ejecutados por bandas armadas privadas al servicio de los geófagos, conforman
todo este triste panorama rural en Paraguay. Estos antecedentes explican porqué se ha llegado a extremos
de continuas ocupaciones de tierras por parte de desesperadas familias campesinas. Hay que partir de la
base de que el 42% de los paraguayos viven en las zonas rurales, algo bastante lógico por la gran cantidad de
terrenos improductivos y el hecho de que la nación cuenta con poco más de seis millones de habitantes.
Las tensiones generadas en la última semana de enero pasado por el conflicto de tierras en Ñacunday, este
de Paraguay, reavivaron el viejo problema y sus contradicciones. El enfrentamiento entre productores de
origen brasileño y campesinos paraguayos generó tensión y algunos exabruptos, pero no llegó a correr la
sangre como pretendieron algunos políticos y medios de comunicación.
Los colonos y los llamados carperos (porque viven en carpas) sin tierra mantenían una disputa por la
posesión de miles de hectáreas de terrenos cultivables en los distritos de Ñacunday, Santa Rosa del Monday
y Cedrales, departamento de Alto Paraná. Entre las propiedades bajo sospecha están las 12 mil hectáreas
que se adjudica Tranquilo Favero, considerado el “rey” de la soya en Paraguay, donde el 64% de la superficie
agrícola del país está destinado a ese cultivo.
El ex ministro de la Secretaría de Información y Comunicación (Sicom) Augusto Dos Santos reveló que en
2009 dos abogados presentaron ante la Fiscalía General los documentos en los cuales reconocen la
existencia de tierras públicas con títulos apócrifos. “Existen dudas sobre la legalidad de los títulos de los
actuales dueños y este procedimiento busca aclararlas”, expresó al referirse a la mesura judicial impulsada
por el Poder Ejecutivo.
Comentó que las tierras de Ñacunday son un caso paradigmático, al ser posesiones arrebatadas al Estado
paraguayo tras la guerra de exterminio de la Triple Alianza (1864-1870) y fueron recuperadas en 1958 con
sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia. El secretario de Estado manifestó que “estamos
esperando los resultados de los trabajos de deslinde a cargo del Servicio Geográfico Militar y si existen
irregularidades en la forma del procedimiento serán investigadas y aclaradas (las tierras) como
corresponde”.
El decreto 7525/2011 sobre la ley de seguridad fronteriza faculta en su artículo cuatro al Ministerio de
Defensa a inventariar las condiciones de dominio de los inmuebles rurales como parte de la Comisión
Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza. La disposición señala que el personal militar queda
plenamente autorizado para ejercer la función indicada, en coordinación con el servicio nacional de catastro
y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
Precisamente la presencia de uniformados en la zona agudizó las contradicciones entre productores y
campesinos, cuando los militares comenzaron a realizar mediciones, según los colonos, sin orden de la