Lecturas Tercera Agosto 2012 - Insumisos

En los últimos dos años, un conjunto de organizaciones sociales de la Sierra Norte de Puebla ha identificado
una serie de “nuevas amenazas” que se cierne sobre el territorio, y que tiene que ver con la concepción
dominante de desarrollo. El modelo de desarrollo que se pretende imponer en la región tiene múltiples
aristas que no sólo ponen en juego a la agrobiodiversidad tradicional sino, en general, al modo de vida
indígena-campesino que resiste día con día y se reproduce en circunstancias subalternas. Cada una de estas
amenazas constituye el despliegue del proceso de “espacialización” capitalista en la región.
A partir de la contaminación transgénica del maíz nativo detectada en la sierra desde el 2003, del avance de
la explotación minera a cielo abierto que se ha desarrollado en tiempos recientes y de la reconversión
productiva orientada a la generación de biocombustibles, las organizaciones de base en la región serrana
han emprendido la resistencia organizada frente a una de las imposiciones más novedosas que amenazan
con avasallar los agroecosistemas locales: la construcción de 50 ciudades rurales que han sido anunciadas
por el actual gobierno estatal, y que se construirán a lo largo y ancho de Puebla.
El proyecto de ciudades rurales se enmarca en las políticas estatales de “combate a la pobreza” y tiene como
objetivos centrales dotar a los nuevos habitantes de estos núcleos poblacionales de servicios como “agua,
energía eléctrica, drenaje, alcantarillado, alumbrado público y calles, además de escuelas, establecimientos
comerciales, centros de salud y espacios públicos”. Al instrumentar esta estrategia, se busca reducir el
presupuesto que eroga el gobierno estatal para dotar de estos servicios a las poblaciones dispersas en las
regiones rurales.
Es importante señalar que, hasta donde la información disponible permite advertir, este proyecto forma
parte de una estrategia para abatir la “dispersión demográfica” de las comunidades campesinas e indígenas.
Esto supone partir de un binomio: el de la dispersión-marginación. Por un lado, se asume que dotar de
infraestructura básica a las comunidades dispersas implica un gasto que no resulta factible desde una
racionalidad fundada en la lógica costo-beneficio. Por otro, se parte de un supuesto adicional: la población
campesina-indígena es pobre debido a que está dispersa de manera caótica en caseríos.
La Sierra Norte del estado ha sido visualizada como el escenario del proyecto piloto. Éste se llevará a cabo
en el municipio de Zautla, en San Miguel Tenextatiloyan, la comunidad que se encuentra a pie de carretera
hacia la ciudad de Zacapoaxtla. El gobierno estatal anunció un presupuesto tripartito para desarrollar el
proyecto: 200 millones de pesos, aportados por el gobierno estatal, el gobierno federal y Fundación Azteca.
Además de la Sierra Norte, se consideran las otras dos regiones que tienen mayor presencia de población
indígena: la Sierra Nororiental y la Sierra Negra.
Los antecedentes de las ciudades rurales en el estado se remontan a 1999. A raíz de las lluvias que se
suscitaron en la sierra, provocando la destrucción de las parcelas y de muchos poblados, el gobierno estatal
promovió, junto con la Fundación Amparo, la edificación de la Unidad Habitacional Manuel Espinoza Yglesias
(UHMEY), en el municipio de Zacatlán. Los recintos se construyeron para ser habitados por los damnificados
nahuas, totonacos y mestizos de diversos municipios afectados severamente por las lluvias. Las familias
reubicadas tuvieron que dejar sus parcelas y sus comunidades de origen para vivir en casas de 40 metros
cuadrados, que fueron construidas con materiales de muy baja calidad.
Doce años más tarde, ya sin el argumento de que se trataba de una política para enfrentar los “desastres
naturales”, el proyecto de las ciudades rurales tomó como fundamento el proceso iniciado en Chiapas. Hasta
el momento, la selección de las comunidades se ha hecho a partir de un análisis estadístico y geográfico, sin
tomar en cuenta la opinión de las comunidades a las que se pretende reubicar. Sin embargo, una vez que se
inicia el proceso, como en Zautla, se examinan la disponibilidad de la población, las oportunidades, los
riesgos y los escenarios alternativos.
Uno de los primeros actores que se pronunció al respecto es el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural
(CESDER), ubicado en el municipio de Zautla. En un pronunciamiento dirigido a los gobiernos estatal y
municipal, fechado el pasado nueve de mayo, el organismo declaró que existe una carencia de información