Lecturas Tercera Agosto 2012 - Insumisos

En su afán por convencer de su validez, lo que están haciendo es reducir la seguridad ciudadana a un debate
político coyuntural, intentando convertirlo en estratégico, lo que significa un claro retroceso en el sentido
que la política de seguridad es una política de estado y por tanto su definición está o debiera estar mas allá
del debate partidista.
Pero lo mas preocupante es que siguen presentes las bases conceptuales que redefinen un enemigo interno,
apuntando en contra, como lo dice el proyecto de ley, de “quienes alteran el orden publico ocultando su
identidad, que saquean y se aprovechan de las manifestaciones para cometer desmanes”, un enemigo que
en rigor sigue siendo el ciudadano.
Expresada en estos términos, se trata de una vulgar adaptación de la doctrina de la seguridad nacional al
escenario de la seguridad ciudadana y una manera de justificar el ejercicio del poder punitivo del Estado,
bajo la excusa de combatir la delincuencia a través de medios que terminan siendo contrarios al derecho.
Con esto lo que se está haciendo es amenazando al propio sistema penal, validando respuestas de mayor
fuerza y contundencia que permanentemente sobrepasan las estipuladas en la ley, por parte de las
instituciones que tienen a su cargo el ejercicio de la violencia legal, algo que hemos visto progresivamente
con carabineros en las movilizaciones sociales de los últimos dos años.
A partir de esta realidad lo que vemos todos los días es que se esta intentando repetir, obviamente que de
manera distinta, el tipo de violencia que fue ejercida contra quienes en épocas pasadas fueron calificados de
subversivos, las organizaciones políticas y político militares, quienes según la dictadura amenazaban y
ponían en jaque la marcha del sistema. Todo esto se acompaña de un proceso intencionado de construcción
mediática, que centra la atención en la percepción de inseguridad ciudadana y en la amplificación de la
alarma social provocada por la acción del fenómeno criminal.
El progresivo aumento de la criminalidad sin lugar a dudas que nos inquieta a todos, pero esto se resuelve
aplicando la ley existente, con políticas claras y eficientes algo en lo cual el gobierno ha fallado. Pero lo que
es riesgoso por sus consecuencias es que se utilicen los altos índices de criminalidad para generar una suerte
de base social de apoyo, con el fin de extender las políticas de represión a las acciones de movilización social
y a la política opositora, atacando con los medios que el gobierno estime “oportunos” a éstos “nuevos
enemigos” del sistema.
Esta suerte de transición desde un modelo de seguridad nacional a un modelo de seguridad ciudadana, lleva
consigo el ideario de quienes ejercieron el poder político y económico durante el periodo dictatorial, y que
procuran seguir haciéndolo en este nuevo contexto. Un modelo que revive también la discusión ideológica
con quienes pretenden contraponer la libertad y la seguridad, con el falso argumento de que para garantizar
la seguridad conviene a veces limitar la libertad y cercenar derechos.
Así entonces mientras no se elimine la doctrina de la seguridad nacional del ADN de las FFAA y de Orden,
(Carabineros) ésta será siempre un obstáculo para la democracia, porque es contraria a su escencia, que es
el ejercicio de la soberanía popular y el respeto la dimensión ciudadana, que en ultimo termino valida o
invalida su existencia.
En este sentido estamos hablando de un riesgo democrático real que implica que este tipo de políticas
represivas resurjan, como fue señalado antes, a través de la conversión ( abierta o encubierta) de la Doctrina
de la Seguridad Nacional en términos de seguridad ciudadana, instaurando códigos de equivalencia entre el
guerrillero y el extremista de antaño con el estudiante y el opositor al gobierno hoy, tachándolos
arbitrariamente como delincuentes.
Así entonces la doctrina de la seguridad nacional, que debió eliminarse apenas se inicio el proceso de
transición postdictadura, que fue el eje que promovió el uso de la violencia estatal más allá de los límites
prefijados por el Estado de Derecho, emerge nuevamente a través de las posiciones que claman por una
mayor represión de la delincuencia como estrategia de contención del movimiento social.