Lecturas Tercera Agosto 2012 - Insumisos

tanto, excluyentes de la jurisdicción nacional y de la ley dictadas por el Estado, aplicable a las relaciones que
tengan alguna vinculación con su territorio. En suma, cualquiera sea el lugar donde se desarrolle la relación
jurídica –un contrato, una asociación, la prestación o venta de un bien o servicio–, las partes pueden elegir la
ley que se aplique, de cualquier otro Estado, aunque en este último se haya legislado sobre relaciones
jurídicas diferentes.
–Lo que dice me hace recordar los juicios ante el Ciadi, un tribunal ajeno al país, de empresas extranjeras
que habían contratado con el Estado para la prestación de un servicio público...
—¡Es que es precisamente eso! Volvemos a caer en el sistema neoliberal, la preeminencia de los Tratados de
Protección de Inversiones (TPI), que en definitiva son los que llevan a darle jurisdicción al Ciadi. Igual en
temas como la refinanciación de la deuda, los conflictos se dirimen en tribunales internacionales. ¿Qué
legislación va a elegir un inversor de afuera, si siempre las legislaciones de los países más poderosos están
hechas para defender a sus capitales, de los cuales son exportadores? Si, además, enfrente tiene a países
receptores de capitales extranjeros con legislaciones muy débiles en la materia. Lo más preocupante es que
esto, que hasta ahora era una renuncia a la jurisdicción en temas de inversión, ahora se generaliza por una
reforma al Código que lo convalida.
–¿Quiere decir eso que estaríamos peor que en los ’90?
–En este punto, sí, es un retroceso, porque la reforma consagra la absoluta libertad de las partes para pactar
la jurisdicción en cualquier tipo de contrato. Usted se dará cuenta de que esto no guarda coherencia con el
proyecto en que está inmerso, que es muy progresivo en relación con el derecho de las personas. Esto
último hizo, me parece, que la atención se volcara hacia ahí y pasara inadvertido para la mayoría lo que se
estaba concediendo en materia de derecho internacional. Fuera de alguna observación que hizo Horacio
Verbitsky en sus notas, el tema pasó de largo.
–¿Cómo se hace para abrir un debate del tema?
–Hemos hecho llegar la formulación de algunas propuestas para cambiar artículos clave del Código, que
espero que la Comisión Bicameral las tome en cuenta para estudiarlas. Sé que el propio Ejecutivo hizo
algunos cambios al anteproyecto original, que algo han mejorado, pero no es suficiente para evitar el riesgo
de que los grandes esfuerzos que se han hecho para avanzar con un modelo económico en el que el Estado
va recuperando su rol de regulador del mercado tengan que retroceder frente a la imposición de normas de
derecho internacional. Esta es una materia en la que no son tantos los especialistas y los que fueron
convocados para la reforma del Código son precisamente los que se inscriben en la línea de la corriente
neoliberal. Y se incurre en este error porque siempre se inculcó que las reglas de derecho son neutras. Y el
peligro está ahí, esto es falso. Acá hay dos grandes corrientes de pensamiento, en donde una defiende un
neoliberalismo a ultranza, sin Estado, y otra que favorece la defensa del interés público a través de la acción
del Estado.
–Déjeme llevarla a algún ejemplo concreto. Usted cuestionó el sistema de arbitraje, que el anteproyecto
también consagra como una herramienta eficaz de resolución de conflictos.
–Sí, la cuestioné. Porque consagra el arbitraje para cualquier tipo de conflictos, no importa cuáles sean las
partes. Se dice que el arbitraje es más eficaz que el proceso judicial porque es más rápido y económico. Y es
falso. Está probado que no es más rápido y el arbitraje hay que pagarlo, no es gratuito. En cambio, “la
ventaja” que tiene para quienes lo defienden es que equivale a la privatización de la Justicia. Normalmente,
un listado de árbitros está compuesto por abogados que aportan los grandes estudios, los principales
consorcios del sector, y en general se trata de los mismos profesionales que defienden o asesoran a las
grandes empresas. Entre un particular y una empresa que son llevados a arbitraje, ¿quién se cree que va a
conocer más en detalle quién es y qué piensa cada árbitro propuesto? El particular puede elegir porque le
gusta el apellido o porque le suena que es un profesional prestigioso. Pero no tiene ninguna garantía de