Lecturas Tercera Agosto 2012 - Insumisos

justicia. La situación generó denuncias mutuas, se acusó al gobierno de ser el responsable de instigar las
invasiones y hasta sectores de la derecha vincularon el Protocolo de Montevideo con el conflicto por la
tierra. Ese instrumento legal, conocido también como Ushuaia II, fue suscrito por los presidentes del
Mercado Común del Sur y países asociados en la cumbre del bloque sudamericano del pasado 20 de
diciembre y reafirma el compromiso con la democracia.
Para Hugo Ruíz, ex asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, vincular el Protocolo de Montevideo
con el conflicto por la tierra por parte de sectores de la derecha paraguaya es irracional y “esta fuera de
toda realidad”. Subrayó que al pretender la mínima relación entre la lucha por la tierra contra el latifundio y
el documento “estamos entrando en terreno de irracionalidad”, porque “no hay ninguna justificación ni
ningún parámetro posible de comparación”.
El gobernador del departamento de San Pedro José Ledesma desmintió que las mediciones realizadas en la
zona por personal militar de la Dirección del Servicio Geográfico obedezcan a “un plan del oficialismo”. Son
las organizaciones de lucha por la tierra las que exigen hoy día al Ejecutivo para promover la mensura,
aseguró.
El titular de la Sicom subrayó que los ataques personalizados contra el Presidente por las acciones
emprendidas en la zona de Ñacunday desvían el debate de fondo relacionado con la recuperación de tierras
del Estado mal adjudicadas. “La gente de Ñacunday hace 12 años que están ahí”, y existen documentos en
mano de los reclamantes de que los colonos (brasileños y paraguayos) estarían usufructuando en forma
irregular las fincas, por lo cual se requiere la mesura judicial, apuntó.
El dirigente campesino Belarmino Balbuena señaló que la mesura judicial impulsada por el gobierno no sólo
favorecería al sector campesino, sino también a los dueños ya que podrían conocer las dimensiones de sus
terrenos y si son auténticos los documentos. Sin embargo, reconoció que tal medida disgustó a sectores
interesados en continuar sosteniendo esas tierras mal adjudicadas.
En varias oportunidades la Conferencia Episcopal Paraguaya expresó que era imperativa la elaboración de
un catastro nacional “que posibilitará la recuperación de las tierras mal habidas y mal adjudicadas, y la
adecuada titulación de las propiedades”. Además, enfatizó que “es necesario y urgente que los poderes
públicos asuman su responsabilidad en ordenar el caos existente sobre la tenencia y la propiedad de la tierra
en el país”.
La investigadora Mirta Barreto escribió que sólo en el gobierno del presidente Lugo ella escuchó hablar de
acciones dirigidas a intentar una reforma agraria. Sin embargo, la posición irreductible de quienes controlan
la tierra y la siempre solícita ayuda de muchos fiscales y jueces evitaron avanzar en las medidas para aliviar
la real situación vivida en el campo paraguayo.
Ñacunday, un caso paradigmático
Los sucesos de Curuguaty, una población del este paraguayo, estremecieron al país por su gravedad y
repercusiones. Un total de seis agentes policíacos y 11 campesinos murieron en un enfrentamiento durante
el desalojo de familias rurales que ocupaban algunas parcelas de un latifundio de miles de hectáreas en
manos de un antiguo senador de la República y militante del derechista Partido Colorado.
El sangriento hecho fue aprovechado por los opositores al gobierno de Fernando Lugo, electo presidente de
la República en 2008, para arremeter contra el mandatario, acusarlo de responsabilidad en las muertes,
desatar una crisis política de grandes proporciones y usar la mayoría congresional para destituirlo de su
cargo, mediante un expedito juicio político que causó la ruptura de la institucionalidad democrática.
Como la motivación, en realidad, era de orden político, los autores de esa acción, muchos de ellos acusados
por las organizaciones sociales y campesinas de contubernio con los barones de la tierra, y otros defensores
de sus propios latifundios, no tuvieron en cuenta los esfuerzos sin resultados del gobierno por realizar el
intento de una modesta reforma agraria.
Poco después, el nuevo gobierno enfrentó otro incidente de alta magnitud con la pérdida de la paciencia por
más de cinco mil familias campesinas que, durante más de un año, viven en carpas al costado de otro
enorme latifundio de casi 35 mil hectáreas en el área de Ñacunday, en poder de un brasileño nacionalizado
paraguayo.
Los campesinos, conmocionados incluso por la muerte de tres de sus niños por las terribles condiciones de
vida allí existentes, amenazaron con ocupar parte de las tierras del “brasiguayo”, como se les llama aquí a
los de esa doble nacionalidad, y recibieron la amenaza por parte del Ministerio del Interior de actuar con
toda rudeza si se atrevían a ello.