revista número 16 - ARTE, ARQUEOLOGÍA e HISTORIA

poco a poco se ha ido desarrollando el reconocimiento
y la protección industrial de cada Comunidad Autónoma,
porque la idiosincrasia de cada una de las zonas hace
que sea perfectamente comprensible el abordar el tema
desde una perspectiva “regional”.
Hacienda La Laguna. Baeza.
hoy denominamos “desarrollo sostenible”, el proceso
urbanístico de la zona llevó ofrecer una sensación de
falta de congruencia de dos aspectos que nunca debería
de ir separados: el urbanístico y el territorial, porque sin
el entendimiento de ambos siempre se encontrará más
dificultad para conservar el patrimonio industrial.
Con la reconversión de mediados de los ochenta,
creemos que no se supo prever lo que suponía el
abandono de todo el entorno, aunque sí se tenía claro gran
parte de las instalaciones habían quedado obsoletas y no
podían formar parte de una industria competitiva capaz
de integrarse o de “parecerse” a las nuevas industrias
europeas. Esto dio pie a que en aquel momento no se
supiera vislumbrar que el abandono del uso, conllevaba,
en la inmensa mayoría, al abandono o a la falta de interés
por conservar el bien patrimonial. Esta dejadez dará pie
a que la posibilidad de reexplotar económicamente, con
otros fines las zonas “desmanteladas” o abandonadas,
sea nula. Aunque más bien tarde, y dada la trascendencia
social de la situación, se empiezan a acometer, con
cuentagotas, por parte de la Administración Pública,
la valorización, en conjunto, de todo este patrimonio
industrial.
Después de esta breve introducción vamos a
contemplar el panorama legislativo. Así, y por orden
cronológico, nos encontramos con La Ley estatal 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico español de 1985
que, según todos los expertos, no deja de ser una ley
generalista y que no menciona para nada al patrimonio
industrial (como ya hemos podido comprobar al inicio
del artículo). Por tanto, no se recoge – no sabemos si
por desconocimiento o por falta de acudir al derecho
comparado- el término patrimonio industrial. No obstante,
como cualquier interpretación de una ley, tenemos que
acudir a la flexibilidad e interpretación de la misma para
dar por amparado al patrimonio industrial contemplándolo
como algo de interés cultural que puede acarrear valores
científicos o, en mayor medida, técnicos.
De esta situación legislativa a nivel general, de Estado,
vamos a pasar a ver qué nos proponen las diferentes
legislaciones autonómicas. Tenemos que decir, que en un
principio prevaleció el “silencio”, sin saber por qué, pero
En este sentido, hemos asistido en los últimos años a
una extensa utilización del artículo 148 de la Constitución
Española. Esta situación ha sembrado una legislación
autonómica que desde 1990 hasta 2007 nos demuestra
que se acabará con una Ley general y 17 autonómicas.
Eso sí, con una diferencia nítida entre las primeras
Comunidades que legislaron sobre su patrimonio y las
últimas (resaltando la de Andalucía de 2007) mucho más
específica y con un tratamiento exhaustivo del patrimonio
industrial. Como anécdota, diremos que en este sentido
ocupamos la primera posición en el ranking europeo. Pero
como toda cuestión que se emprende de forma “alocada”
tiene sus inconvenientes. En este caso, que no porque
en nuestro país tengamos el mayor número de leyes
garantiza que la protección del Patrimonio Industrial sea
el que mejor proteja este patrimonio tan preciado.
Las legislaciones autonómicas de la primera mitad de
los años noventa sorprenden porque, ninguna de ellas,
hacen referencias al patrimonio industrial como tal:
- PAÍS VASCO Ley 7/1990, de 3 de julio.
- ANDALUCÍA Ley 1/1991, de 3 de julio.
- CATALUÑA Ley 9/1993, de 30 de septiembre.
- GALICIA Ley 8/1995, de 30 de octubre.
Aunque cueste trabajo creérselo, la ley del PAÍS
VASCO 7/1990, de 3 de julio, no contiene ninguna
referencia al patrimonio industrial, ¿? Sin entrar aquí en
el potencial y la fuerza económica que dicho patrimonio
representa en ese territorio. Igual sucedió en ANDALUCÍA
con la Ley 1/1991, de 3 de julio, aunque subsanado con
creces con la LEY 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía que analizaremos
más adelante.
En CATALUÑA la Ley 9/1993, de 30 de septiembre,
será donde se dé un paso importante porque en el
capítulo dedicado a «los restantes bienes integrantes del
patrimonio cultural catalán», el artículo 18.2 establece
que «en cualquier caso, forman parte del patrimonio
cultural catalán los siguientes bienes muebles: (...) g)
El patrimonio científico, técnico e industrial mueble».
Como casi siempre, por tópico que parezca, será en esta
Comunidad donde se da un paso hacia la importancia
de legislar, como tal, el patrimonio industrial, eso sí
limitándose solo a los bienes muebles (maquinaria,
etc.,).
Otro pequeño paso es el que da la Ley de GALICIA
8/1995, de 30 de octubre, que en su Título preliminar
analiza la protección de los bienes relacionados con la
actividad industrial, protección que se concreta en el
Arte, Arqueología e Historia
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