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Las leyes emanadas de la
Revolución ¿y los derechos de
las mujeres?
Algunas propuestas de los congresos feministas fueron tomadas
en consideración por el Jefe Supremo de la Revolución
a la hora de ordenar la elaboración de la Ley de Relaciones
Familiares en 1917. En el capítulo IV, los derechos y obligaciones
de los cónyuges se establecían sobre una base
de igualdad; asimismo, se le otorgó a la mujer la mayoría
de edad dentro del núcleo familiar y obtuvo el derecho de
disponer y administrar sus bienes sin autorización del marido.
Estas concesiones no significaron que ellas lograran
las libertades por las que estaban luchando y en algunos
rubros la ley siguió siendo muy restrictiva en cuanto a sus
derechos. Por ejemplo, no podían trabajar sin consentimiento
del esposo; en cambio, quedaba bajo su responsabilidad
la atención de todos los asuntos domésticos.
Hermila Galindo, por su parte, envió al Congreso
Constituyente un escrito pidiendo la igualdad de derechos
políticos. La demanda de sufragio femenino no prosperó:
se determinó que la mayoría de las mujeres carecía de las
condiciones necesarias para ejercer los derechos políticos
–premisa que no aplicó a la hora de decidir sobre el voto
de, por ejemplo, los hombres analfabetas–. Prevaleció como
enérgica justificación que las mexicanas estaban influidas
por la Iglesia, lo cual sólo podía beneficiar a los círculos
conservadores del país. Y, aludiendo a las ideas imperantes
del siglo xix, se aseveró que la mujer no había salido de su
esfera ni estimaba necesario participar en asuntos políticos,
en tanto que sus intereses estaban representados por los
hombres de la familia.
Algunas propuestas de los Congresos
feministas fueron consideradas dentro
de la Ley de Relaciones Familiares
en 1917.
En Yucatán, en cambio, con la llegada al poder de
Felipe Carrillo Puerto, se promulgó una ley que otorgaba a
las mujeres el derecho al voto en 1922. Ese mismo año, una
maestra participante del Primer Congreso Feminista, Rosa
Torres, fue nombrada concejal de Mérida, convirtiéndose
en la primera mujer en México en ocupar un cargo público.
Esta ley produjo, además, a las primeras legisladoras del
país en 1923. Elvia Carrillo Puerto, hermana del gobernador,
Raquel Dzib y Beatriz Peniche, compitieron por los distritos
quinto, segundo y tercero respectivamente, obteniendo
la mayoría en las urnas. 83 Sus triunfos fueron reconocidos y
ellas ocuparon sus puestos. Sin embargo, su función como
legisladoras duró poco menos que el cargo de Carrillo Puerto
como gobernador, asesinado en 1924.
En 1923, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio
Manrique, también aprobó una ley en que las mujeres podían
votar y ser candidatas a puestos de elección popular.
Elvia Carrillo Puerto aprovechó el espacio que en Yucatán
le había sido vetado, estableció su residencia legal en el
estado y lanzó su candidatura. Ganó la elección por una
abrumadora mayoría, pero nunca llegó a ocupar su curul.
El otro estado que promulgó igualdad de derechos políticos
fue Chiapas en los mismos años. En los tres casos, la experiencia
resultó efímera; duró mientras los gobernadores
progresistas que la aprobaron estuvieron en el poder. No
obstante, sentaron una base importante para la lucha que
las sufragistas libraron en pro de sus derechos, hasta la
obtención del voto en 1953.
83 Ibid., pp. 184–185.