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Ley de Relaciones Familiares (1917) en la cual se establecía
la igualdad entre los cónyuges, quienes debían decidir de
común acuerdo la educación de los hijos y la administración
de los bienes familiares, y se habilitó a las casadas para disponer
de sus bienes; asimismo, especificaba sus derechos
y obligaciones en caso de separación
y las causales de divorcio, las cuales
eran las mismas para ambos salvo en
el caso de adulterio. Al igual que en
el Porfiriato, cuando era cometido por
la mujer siempre sería motivo de divorcio;
en cambio, en el caso del marido,
sólo cuando el adulterio se hubiese
consumado en la casa común, hubiese
generado escándalo, si el adúltero
había vivido en concubinato o si la
amante había insultado o maltratado
a la mujer legítima. 2
Respecto a la incorporación
de consideraciones sobre las mujeres
en las reformas constitucionales, vale la pena destacar la
interesante discusión que desató una propuesta elaborada
por un grupo de congresistas para incluir en el artículo
22 la pena de muerte a los violadores. 3 De acuerdo con
Enriqueta Tuñón, la sola sugerencia causó “hilaridad entre
los congresistas”; contra tal planteamiento “se argumentó
2 Venustiano Carranza, Ley sobre relaciones familiares, México: imprenta
del Gobierno, 1917, pp. 27–30.
3 El artículo prohibía la pena de muerte, aunque estimaba la posibilidad
de que se impusiera “al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida,
al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario,
al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos
graves del orden militar”. Este párrafo fue derogado hasta 2005 (véase
Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México 1808–2005, México:
Editorial Porrúa, 2005). No obstante, el código penal de 1931 no la
consideraba entre sus castigos; la mayor sanción aplicable era la prisión
por 30 años (art. 25).
La reorganización jurídica
que llevaron a cabo los
gobiernos posrevolucionarios
afectó, de manera positiva,
la situación social de
las mujeres. Entre las
innovaciones en materia de
género incluidas en la Carta
Magna se conceden las
mismas garantías individuales
a hombres y mujeres.
la responsabilidad de las mujeres que eran provocativas
y coquetas, e inclusive se dijo que la iniciación sexual de
los hijos era normalmente impartida por las mujeres que
se quedaban en casa”. 4 A pesar de que no fructificó dicha
moción es relevante para dar cuenta, por un lado, de
la necesidad manifestada por cierto
grupo de constituyentes de proteger
a las mujeres de los abusos y excesos
masculinos; y, por otro, de la carga
sexual que en el imaginario poseían.
No obstante, en el código penal de
1931 se logró un avance importante
en materia de aborto al permitir que el
embarazo producto de una violación
fuese interrumpido.
La Carta Magna sentó los precedentes
legales para la elaboración
del marco legal posrevolucionario,
el cual comenzó a establecerse tras
el gobierno de Plutarco Elías Calles
(1924–1928). Entre las innovaciones en materia de género
incluidas en la Carta Magna se conceden las mismas
garantías individuales a hombres y a mujeres y se establecen
derechos laborales relativos a la condición femenina,
aun cuando los derechos políticos “fueron soslayados y no
trascendieron al plano constitucional”. 5 Efectivamente, el
artículo 34 constitucional provocaría muchas discusiones
4 Enriqueta Tuñón, “Feminismo y constitucionalismo del 17”, en revista Proceso
Bi–centenario, núm. 3: “La mujer en la Revolución”, junio de 2009,
p. 32. Véase Olivia Rojas Fidencio, Trabajo histórico sobre la pena capital
al delito de violación sexual en los debates del Congreso Constituyente de
1917, tesina de licenciatura en historia, uam–Iztapalapa, 2005.
5 Olga Sánchez Cordero de García Villegas, “Los derechos de las mujeres
en la historia del constitucionalismo mexicano”, en Comisión Bicentenario y
Centenario del Poder Judicial de la Federación, Los Caminos de la Justicia en
México, 1810–2010, México: scjn, 2010, p. 544.