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posteriores entre las sufragistas feministas; establecía que
los ciudadanos de la República eran los que tenían calidad
de mexicanos, 6 habían cumplido 18 años si eran casados o
21 si no lo eran, y poseían un modo honesto de vivir. Aun
cuando no se manifiesta una noción específica que excluyese
a las mujeres en su condición de ciudadanas (salvo que
el artículo estaba redactado gramaticalmente en masculino),
tampoco había estipulación alguna que las integrase; por
tanto, ellas no eran consideradas como tales. Aparentemente
esto justificaría que las mexicanas no tuviesen derecho al
voto ya que el artículo 35 establecía como prerrogativas del
ciudadano el derecho a votar y ser votado. 7
De cualquier forma, la emisión de nuevas leyes y
códigos instauró cambios que fueron sustanciales para las
mujeres. Los artículos 3º y 123 constitucionales dictaban
que tanto hombres como mujeres tenían derecho a la educación
laica y a jornadas máximas de ocho horas. El derecho
al trabajo, sin duda, acrecentaría las posibilidades de movilidad
para el sexo femenino, su autonomía y desarrollo en
el espacio público a partir de las siguientes décadas; asimismo,
posibilitaría una mejora en las condiciones laborales
para las trabajadoras que se reflejaron en la Ley Federal del
Trabajo (1931). 8 Esta ley reconocía en general los mismos
derechos para hombres y mujeres respecto al seguro por
desocupación, accidente, fallecimiento o vejez; se les eximía
de jornadas extraordinarias y de labores consideradas
peligrosas e insalubres, se protegió la maternidad y podían
laborar sin consentimiento del marido (arts. 25, 48, 76, 77,
79, 107); sin embargo, aún no había equidad de género
entre los trabajadores. 9
Por su parte, los códigos penal (1931) y civil
(1932), les otorgaba, aunque no total autonomía, sí mayor
libertad de acción respecto a su entorno. Varias historiadoras
aseguran que las reuniones políticas llevadas a cabo
por agrupaciones femeninas durante la década de 1920
coadyuvaron en la configuración, sobre todo, del código
civil, donde se estipulaban derechos y obligaciones de las
mujeres casadas. 10 Este código estableció el mismo nivel de
autoridad de ambos cónyuges dentro del matrimonio para
administrar y disponer de bienes, tomar decisiones y educar
a los hijos. A partir de entonces, las mujeres ya no perderían
la patria potestad de los hijos; se les otorgaba libertad
para administrar libremente sus bienes, celebrar cualquier
tipo de contrato y tener un empleo, siempre y cuando no
descuidaran la dirección y los trabajos del hogar. 11 Se
promovieron algunas reformas a este código respecto a la
6 Según el artículo 30, mexicanos eran todos aquellos que habían nacido
en el territorio nacional, los hijos de padres mexicanos o bien aquellos que
se naturalizaban.
7 Véanse los trabajos de Gabriela Cano, en especial “Ciudadanía y sufragio
femenino: el discurso igualitario de Lázaro Cárdenas”, en Marta
Lamas (comp.), Miradas feministas sobre las mexicanas del siglo XX, fce/
conaculta, México, 2007; cfr. Carmen Ramos Escandón, “La participación
política de la mujer en México: del fusil al voto 1915–1955”, en Boletín
Americanista, núm. 44, 1994, Universidad de Barcelona; cfr. Enriqueta
Tuñón, ¡Por fin… ya podemos elegir y ser electas!, inah/conaculta/
Plaza y Valdés, México, 2002.
8 A lo largo del periodo de estudio, las reformas realizadas no afectaron
los párrafos alusivos al trabajo femenino (Alberto Trueba Urbina, Ley
Federal del Trabajo reformada, México, Porrúa, 1956). En adelante, los
artículos referentes a esta ley se señalarán en el cuerpo del texto.
9 Habría que esperar hasta la modificación del artículo 4º constitucional,
en 1974, cuando se declaró la igualdad jurídica entre hombres y mujeres.
10 Véase por ejemplo Anna Macías, Contra viento y marea. El movimiento
feminista en México hasta 1940, México: unam–pueg/ciesas, 2002,
p. 149.
11 Véase el libro primero de la exposición de motivos del Código civil para
el Distrito y Territorios Federales (1932), México, Imprenta Aldina, 1928.
Las referencias a este código se harán en el cuerpo del texto.