izquierdas

Pablo Alegre
(docentes, infraestructura) fueron transferidos a las provincias sin las
contrapartidas presupuestales requeridas. En el ámbito de la salud, la
reforma desreguló las obras sociales y profundizó la autogestión de
los hospitales públicos. asimismo, descentralizó los servicios públicos
y los focalizó en los sectores de menores recursos, arancelando la
prestación de algunos de ellos.
En el período reciente, las políticas sociales sectoriales no han
sufrido cambios significativos, salvo la expansión de algunos programas
sociales de ingresos (que mantienen básicamente los criterios de
selectividad y condicionalidad en su prestación heredados de los años
noventa) y algunas modificaciones vía ley de los servicios educativos
en dirección de la recentralización del sistema. sin embargo, las modificaciones
en áreas como la seguridad social, la salud, y el mercado
de empleo (más allá de las políticas de fijación del salario en las áreas
formalizadas de la economía) permanecen en pie.
El gobierno de Kirchner consolidó e intensificó los programas
sociales de cobertura focalizada desarrollados por el gobierno de
duhalde, reforzando sus componentes de condicionalidad (Bonvechi
y Giraudy, 2007). Programas como “Familia” o “manos a la obra”
procuraron complementar el Plan Jefas y Jefes aportando ingresos
en hogares pobres e indigentes a cambio de distintas contrapartidas
(concurrencia a escuelas, asistencia sanitaria, etc.). a su vez, la ley
nacional de Educación sancionada a fines de 2006 revirtió las reformas
introducidas por la ley Federal de Educación de 1993. la nueva
ley fue precedida por el consenso activo de los sindicatos docentes y
de los gobiernos provinciales, a los cuales no obstante restó atribuciones
al recentralizar la potestad de establecer contenidos educativos y
reordenar desde la nación el diseño de los ciclos primario y secundario
(Bonvechi y Giraudy, 2007).
Chile
El sistema de protección social chileno es el más consistentemente
liberal de los tres aquí analizados. las políticas emprendidas por la
dictadura desde la década del setenta supusieron el retiro del Estado
en la prestación de los servicios en áreas como la seguridad social y
la educación, y de forma tardía en la salud (castiglioni, 2005). los
servicios fueron descentralizados, focalizados y transferidos a agentes
privados para su prestación (castiglioni, 2005). mientras los servicios
privados fueron dirigidos a sectores medios y altos, los programas públicos
estuvieron orientados a los sectores que no pudieran acceder a
las prestaciones privadas, generando una segmentación del sistema de
cobertura en términos tanto de financiamiento como de calidad de los
servicios (Posner, 2007). luego de la instalación de la democracia, el
59