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izquierdas

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Las <strong>izquierdas</strong> latinoamericanas, de la oposición al gobierno<br />

En el caso uruguayo, el sistema de protección social que emerge<br />

luego de las medidas impulsadas por el gobierno frenteamplista combina<br />

innovación y continuidad. al modelo social híbrido que se fue<br />

constituyendo en las últimas dos décadas se agregó una serie de reformas<br />

estructurales que pueden ser catalogadas como “progresistas”,<br />

tales como la regulación de las relaciones laborales y la reforma de la<br />

salud. En ambas se aprecia un mayor involucramiento del Estado en<br />

la garantía de derechos sociales clave. asimismo, la reforma laboral<br />

viene a fortalecer la posición de los trabajadores en las relaciones con<br />

el capital, contribuyendo al mejoramiento de las pautas salariales.<br />

En otras áreas, como la de la atención a la pobreza, se han diseñado<br />

políticas asistenciales focalizadas en los sectores de menores recursos,<br />

procurando ir al encuentro de la nueva estructura de riesgos sociales (Filgueira<br />

et al., 2005). En particular, las modificaciones introducidas en el<br />

régimen de asignaciones familiares se orientan a atender la problemática<br />

de la infancia en situación de pobreza. otros sectores relevantes como la<br />

seguridad social y la educación no han sido sustantivamente modificados.<br />

ambos países muestran diferentes configuraciones en lo referente a<br />

los recursos públicos destinados al sistema de políticas sociales (cuadro<br />

7). En el uruguay, el Gasto Público social (GPs) presenta una mayor<br />

prioridad macroeconómica que en chile, lo cual se explica mayormente<br />

por la fuerte incidencia de la seguridad social en la estructura del<br />

primero. asociado con ello, en el uruguay el GPs tiene un fuerte sesgo<br />

“pro-adulto” (Grau, 2005), mucho más marcado que en chile. En efecto,<br />

el gasto en educación y salud en el uruguay representa el 40% del gasto<br />

destinado a la seguridad social. En cambio, en chile, el gasto dirigido a<br />

educación y salud es equivalente al orientado a la tercera edad.<br />

112<br />

Cuadro 7<br />

Estructura del gasto público social en Chile y Uruguay en relación con el PBI<br />

Chile Uruguay<br />

2000-2005 2006-2008 2000-2004 2005-2009<br />

GPS / PBI 14,3 13,0 20,2 17,6<br />

Asistencia social 1,7 1,7 0,5 0,8<br />

Salud 2,9 2,4 1,9 1,7<br />

Educación 3,1 2,7 3,2 3,4<br />

Seguridad social * 5,8 5,6 14,1 11,2<br />

Relación entre gasto en salud y educación y gasto<br />

público en seguridad social 1,03 0,91 0,36 0,46<br />

Fuentes: Elaboración propia sobre la base de Azar et al. (2008). Estadísticas de Finanzas Públicas (1990-2008), Dirección de<br />

Presupuestos.<br />

* En el caso chileno, refiere al gasto en “edad avanzada”

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