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izquierdas

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Florencia Antía<br />

los ciudadanos, independientemente de la condición socioeconómica,<br />

de la capacidad de pago y del riesgo sanitario, cuentan con un acceso<br />

garantizado y jurídicamente exigible para satisfacer algunos derechos<br />

de salud definidos como prioritarios (drago, 2006).<br />

si bien contribuye a una mayor equidad en el sistema de salud, la<br />

reforma no modificó el modelo dual, según el cual la población pobre<br />

y/o de mayores riesgos sanitarios se concentra en el sistema público,<br />

mientras que la de mayores ingresos y más sana lo hace en el privado.<br />

asimismo, uno de los puntales del proyecto de reforma originalmente<br />

planteado por el gobierno –el Fondo de compensación solidario– no<br />

fue aprobado. Este fondo habilitaba la transferencia de recursos entre<br />

las isapres y el Fonasa para compensar las diferencias de riesgos<br />

sanitarios vinculados a sexo y edad, que se concentran mayormente<br />

en el segundo (Ferrer, 2004).<br />

Por lo tanto, la reforma no supuso una transformación radical, ya<br />

que las modificaciones se centraron en el perfeccionamiento de algunos<br />

rasgos del sistema a través de la regulación del sector privado y en<br />

la generación de garantías explícitas a partir de prioridades sanitarias<br />

(drago, 2006: 71).<br />

Po b r e z a y v u L n e r a b i L i d a d s o c i a L<br />

En el plano de la atención de la pobreza, los gobiernos de la concertación<br />

desarrollaron distintos programas sociales. El más emblemático<br />

de ellos es el programa chile solidario, lanzado durante el gobierno<br />

de lagos, a través del cual se procuró instaurar [o se instauró?] [pregunta<br />

de la autora o del editor VEr] un sistema de protección social<br />

orientado a las 225 mil familias que experimentan situaciones de extrema<br />

pobreza.<br />

El programa concibe la pobreza como un problema multidimensional,<br />

por lo cual desarrolla intervenciones en varias dimensiones:<br />

salud, educación, vivienda, trabajo, ingresos, dinámica familiar e<br />

identificación. asociadas con esas dimensiones, se establecen un total<br />

de cincuenta y tres condiciones mínimas de calidad de vida y se estipula<br />

que una familia ha superado el estado de indigencia una vez que<br />

logra alcanzarlas (Palma y urzúa, 2005: 22).<br />

En términos de la operativa, se contacta a las familias seleccionadas<br />

y se las invita a ingresar en el programa. al hacerlo, la familia firma<br />

un contrato de mejoramiento de sus condiciones de vida, a través<br />

del cual el gobierno se compromete a poner al servicio de la familia un<br />

conjunto de apoyos y la familia se compromete a superar los aspectos<br />

de mayor precariedad y necesidad (mideplan, 2004).<br />

de esta forma, chile solidario combina una vertiente asistencial<br />

con una promocional. la primera se manifiesta en las transferencias<br />

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