izquierdas

Daniela Slipak
entre el sector político y el financiero por una alianza del gobierno
con los representantes de la producción, en defensa de un interés estrictamente
nacional. Es mediante esta operación discursiva que los
intereses generales de la nación y la Patria son identificados con el
sector –ciertamente particular– del trabajo y la producción: en efecto,
ser patriota es defender el trabajo, la industria y la producción:
[debemos tener un] proyecto de nación claro que no puede ser otro que
el trabajo, la producción […] [t]oda decisión que se tome [debe estar]
destinada a lo mismo: a la defensa irrestricta de los intereses argentinos,
de los intereses nacionales (acto de inauguración de la zona franca
Puerto iguazú, 15/03/02; énfasis propio).
nadie debe estar excluido porque se trata de la construcción de un
nuevo proyecto nacional de desarrollo y justicia social basado en la producción
y el trabajo (acto de conmemoración de la declaración de la
independencia, 09/07/02; énfasis propio).
Esta operación discursiva que realiza duhalde, mediante la cual el interés
nacional es identificado con un proyecto social inclusivo, de distribución
del ingreso a través del desarrollo del trabajo, la producción
y el consumo interno, puede relacionarse, asimismo, con la segunda
dimensión que aboy carlés (2001) explicita para el análisis del discurso
peronista: la dimensión nacional-popular. con esa designación
el autor hace referencia al proyecto de reforma social propio de la
identidad peronista, en la cual la nación y la Patria son asociadas a la
justicia social. Queda así delimitada una serie de adversarios sociales,
contrapuestos a dicho proyecto, y un principio antagónico al interior
del campo político. Hemos visto cómo estos significantes aparecen de
manera explícita en el discurso duhaldista.
Por otro lado, el rol de Estado que este proyecto supone se contrapone
radicalmente a años de desprestigio de este actor en la escena
política local. En efecto, durante la década del noventa, el imaginario
político que sostuvo la implementación de políticas dictadas por el
consenso de Washington consistió en una serie de articulaciones que
adoptaban una acepción peyorativa del espacio estatal (Beltrán, 1999;
armony, 2005). tales articulaciones identificaban como causa última
de la crisis inflacionaria al crónico déficit fiscal, producto, a su vez,
de un elevado gasto público. la solución consistía, casi naturalmente,
para este imaginario, en la reducción del aparato estatal, mediante,
por ejemplo, la privatización de ese espacio. la modernización y la
eficiencia se oponían semánticamente a la ineficacia estatal. Por el contrario,
nuestro enunciador asume una concepción positiva del Estado,
convirtiéndolo en un actor central a la hora de implementar el desa-
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