LA CONJURACION ANTICRISTIANA - AMOR DE LA VERDAD

condición de asalariado, no se abstendrán de cortarle los víveres para recordarle su
sujeción. Es verdad que el artículo XV del Concordato dice: “El gobierno cuidará
de dejar a los católicos la libertad de hacer, si lo quisieran, nuevas fundaciones a
favor de las iglesias”, y reconstituir así un antiguo patrimonio en la Iglesia en
Francia. Pero sabemos a través de qué astuta táctica esa libertad ha sido restringida
día a día, después como las fundaciones piadosas tuvieron que ser siempre constituidas
con rentas del Estado, a fin de que fuese más fácil apoderarse de ellas en el
día de la separación, y como, en fin, la propia indemnización prevista en el Concordato
fue suprimida.
Al gobierno, ya encargado de proveer el clero de alimentación y morada, el
Concordato concedió aun la elección de las personas que deberían ser elevadas a
las dignidades eclesiásticas. “El primer Cónsul nominará, en los tres meses siguientes
a la publicación de la Constitución apostólica, los arzobispos y los obispos que
deben gobernar las diócesis de las nuevas circunscripciones. – De la misma forma,
el primer Cónsul nominará a los nuevos obispos para las sedes episcopales que
quedasen vacantes. La Sede apostólica les conferirá la institución canónica. Los
obispos nombrarán a los párrocos, y escogerán apenas personas aprobadas por el
gobierno”.
En diversas épocas los gobiernos tuvieron como deber de religión o de honestidad
pública escoger los más dignos; pero, en otros momentos, ellos fueron prejuiciosos,
incapaces e incluso indignos. Napoleón dio ejemplo de eso. El impuso al
cardenal Caprara quince obispos constitucionales. Más tarde, procuró medios de
librarse de la institución canónica. Para eso convocó un Concilio nacional; pero no
pudo obtener lo que pretendía. Esto no representó más para el clero la dependencia,
ni incluso la servidumbre, sino el cisma.
Hay en la Iglesia, junto al clero secular, el clero regular. Este podía encontrar
en su propia constitución las condiciones de independencia rechazadas al primero.
Así, Bonaparte evitó que las órdenes religiosas se pudiesen reconstituir. El decreto
del 22 de junio de 1804 ordenó la disolución de la asociación de los Padres de la Fe,
y “de todas las otras congregaciones o asociaciones formadas bajo pretexto de religión
y no autorizadas”. Además, resolvió que: “Ninguna congregación o asociación
de hombres o de mujeres podrá formarse en el futuro bajo el pretexto de religión
a menos que ella haya sido formalmente autorizada por un decreto imperial”.
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