La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos

Capítulo III: Propuestas
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Acción preventiva desde todas las
instancias sociales y culturales
TTenemos
que considerar que la acción preventiva implica no sólo a la escuela
sino igualmente a determinados estamentos sociales, culturales, económicos, ideológicos
y políticos que deben asumir su parte de responsabilidad y buscar mecanismos
concretos y adecuados para no contribuir a generar mayor dosis de violencia,
compulsividad, sexismo o aislamiento.
Un típico producto para personas adultas, Larry in the Leisure Suit o Larry I,
incorporaba un curioso mecanismo para asegurar una edad mínima entre los/as
jugadores/as mediante preguntas al inicio del juego que tan sólo pudieran ser
contestadas por personas con una edad similar o superior a la de la mayoría de
edad (además de advertir en los créditos iniciales del contenido del juego). Esto es
un ejemplo de cómo, las corporaciones multinacionales que los producen, pueden
introducir formas de regulación en el uso de los videojuegos, cuando hay suficiente
presión sobre ellas para que lo hagan. Es como las empresas que contaminan
ecológicamente, que nunca modificarán sus vertidos contaminantes mientras les
salga más barato pagar las multas que reconvertir su proceso de producción.
“Corresponde a la sociedad civil exigir a los poderes públicos que, más allá de la
autorregulación que la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software
de Entretenimiento y el Instituto Nacional de Consumo comenzaron a aplicar
el 31 de marzo de 2001, se legisle con prontitud para que el estado controle la
calidad educativa de los contenidos de los videojuegos dirigidos a jóvenes y adolescentes.
Tal normativa tendría que obligar a los fabricantes a informar en los embalajes
y etiquetas sobre su argumento, tipo de narración, opciones de manipulación
y edades recomendadas para el uso y consumo de cada producto multimedia”
(Ortega, 2003).
En 1984, en el Reino Unido el Video Recordings Act obligaba a que los vídeos de
compra o alquiler fueran clasificados por la British Board of Film Classification
(BBFC), una autoridad designada por el Ministerio del Interior, nacida como un
organismo independiente hace más de ochenta años. En principio, los videojuegos
quedaron exentos de la clasificación, excepto aquellos trabajos que pudiesen incitar
a la actividad sexual o a actos de fuerza asociados con ella, a la violencia o a
la comisión de delitos criminales. En esos casos el trabajo debía ser clasificado
por la BBFC antes de poder ser legalmente distribuido. A partir de este momento,
la industria tuvo que tener en cuenta dicha clasificación si quería que un producto
llegase a las estanterías de las tiendas. Por su parte, la industria —representada