La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos

Amnistía Internacional desde el año 2001 a través de informes sucesivos, es que,
actualmente todavía no existe legislación, ni en España, con excepción de Canarias,
ni en el marco de la Unión Europea, que proteja a los/as niños/as y otros/as
menores de edad del fomento de violaciones de derechos humanos en los videojuegos,
que se siguen fabricando y distribuyendo impunemente sin ningún tipo de regulación
sobre su uso.
Hay que tener en cuenta que “el objetivo de quienes crean, desarrollan, distribuyen
y publicitan videojuegos no es otro que el maximizar beneficios, es decir, que
los ingresos producidos a partir del producto ofertado superen la inversión realizada.
A este objetivo primordial quedarán supeditadas todas las consideraciones
relativas a la creatividad, originalidad o acabado del producto, si bien el adecuado
desarrollo de estos elementos contribuirá al éxito del producto” (FAD, 2002,
64).
Amnistía Internacional ha documentado igualmente, en el caso de los videojuegos,
que la práctica de explicitar a quien va dirigido el vídeojuego por edades se cumple
escasamente, es confusa o simplemente no se incluye ese dato en la carátula
del videojuego.
Por eso Amnistía Internacional advierte que es preocupante el hecho de que ya no
se encuentre en el nuevo código PEGI, como en el antiguo código ADESE, la
protección de los menores y que no se especifique la información relativa a las
multas de las sanciones, no quedando claro cómo será el funcionamiento de tales
sanciones. Sin embargo, considera que el nuevo código mejora en el aspecto de
que las administraciones públicas (representante del Ministerio de Sanidad y alguna
representación pública en defensa de los y las menores) tienen un papel en el
proceso de certificación y en que todos los videojuegos señalados como para mayores
de 12 años, tienen que ser revisados por el comité de seguimiento para
comprobar la información del productor.
Pero todos estos códigos son muy relativos y poco eficaces. Hay que tener en
cuenta que, especialmente los videojuegos de PC, muchas de las personas adolescentes
y jóvenes los obtienen mediante copias “pirateadas”, lo cual supone que ni
están etiquetados, ni hay ningún tipo de control. Según el estudio realizado por la
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU)-CECU en el 2003
(aparecido en una noticia en http://www.noticiasdot.com/ el 25 de febrero de 2003),
el 46% de los/as menores encuestados/as reconoció tener juegos “pirateados”,
por lo que “en estos casos no hay posibilidad de etiquetar el producto y de controlar
su consumo”.
De hecho Amnistía Internacional, en su tercer informe sobre los videojuegos, titulado
“¿Sabes a qué juegan tus hijos? Videojuegos, racismo y violación de los
Derechos Humanos”, ha denunciado la existencia de videojuegos al alcance de
menores con contenidos que desprecian los derechos humanos. Por ejemplo, el
La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos
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