Módulo 2. Leitura Base. Texto 4

a que intenta hacer una y la misma cosa de lo correcto y lo justo; de modo que
la conduzca a identificarse con un enunciado como el siguiente. «En la “ley”,
suprema encarnación de las normas generales, abstractas y permanentes, a cuya
mera ejecución tiene que reducirse el dominio, está contenida una racionalidad
en la que lo justo converge con lo justificado».60 Por ello, «la ley, veritas en
oposición a mera auctoritas, y la norma general y justa, en oposición a la orden
concreta y meramente afectiva, que (...) contiene siempre como imperativo un
factor individual intransferible, son consideradas como algo intelectual».61 La
racionalidad, por tanto, conduce a la ley y, como «la opinión pública ha de coincidir
con la “naturaleza de la cosa” (...), pueden las “leyes” —a las que la opinión
pública quiere ahora disponer para el ámbito de lo social—, junto a los criterios
formales de generalidad y abstracción, exigir también para sí el criterio material
de racionalidad». 62
B. La publicidad como garantía de la racionalidad de la opinión pública
Desde esta perspectiva, la publicidad es garantía de la racionalidad. Así como
los arcana de Bacon sirvieron al mantenimiento de una dominación basada en la
voluntas; la publicidad habrá de servir a la imposición de una legislación basada
en la ratio. La exigencia de esta presencia de racionalidad enfrentada a la práctica
secreta de la autoridad soberana se desarrolló históricamente en conexión con
el razonamiento público de las personas privadas. Cuando Kant rehabilitó la razón
como principio, motor y método de la acción humana dos siglos después de Hobbes,
bajo la forma de ley de la razón práctica, en un momento en que hasta la
legislación política estaba sometida éticamente a su control, «ya se habían constituido
en público los ciudadanos privados y estaba ya impuesta la esfera de su
raciocinio (a saber, la publicidad) en las funciones políticas mediadoras entre
Estado y sociedad». 63
Con la expresión auctoritas non veritas facit legem, Hobbes quiso sancionar
el poder absoluto del soberano en unas ciertas coordenadas de la historia; porque
el establecimiento de la paz, es decir, el final de la guerra civil religiosa en Inglaterra,
sólo podía conseguirse apoyando el gobierno absoluto (lo que además, a su
juicio, implicaba la monarquía absoluta en el orden práctico) 64 y neutralizando el
tinguir entre uno y otro concepto. La oración completa dice: «Tandis que l’opinion publique est le produit
d’une élaboration, la volonté populaire est le résultat d’une addition».
60 HABERMAS, ob. cit., p. 90.
61 SCHMITT, Sobre el parlamentarismo, cit., pp. 57 s.
62 HABERMAS, ob. cit., pp. 91 y 140. En el curso del siglo XVIII, la opinión pública exigirá la competencia
legislativa para unas normas que sólo a ella deben el contenido polémico‐racionalista y, a la postre, la legislación
misma se deberá a “la voluntad popular procedente de la razón”; porque «las leyes tienen su origen
empírico en la “coincidencia pública” del público raciocinante».
63 Ídem, pp. 137 y 263.
64 Cf. SABINE, ob. cit., p. 353.
Iuris Tantum No. 24 2013
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