Módulo 2. Leitura Base. Texto 4

Hubo que esperar hasta el siglo XIX para poder observar una serie de cambios
esenciales para comprender la configuración actual del mapa municipal
español. La Constitución de Cádiz de 1812 contiene las bases de un nuevo régimen
local de inspiración francesa. En ella se prevé una nueva estructura municipal
y provincial, con la que se busca la uniformización del régimen local y la
superación de la situación de diversidad, privilegios y desigualdades propia del
Antiguo Régimen.
Tal y como señala RIVERO YSERN, se partió de la realidad de los “pueblos”,
para los que se generalizó la fórmula de Ayuntamientos compuestos de
Alcalde, Regidor y Procurador del Síndico, cargos presididos por el Jefe Político, 3
predominando, en consecuencia, una organización subordinada al poder central
frente a una concepción autonómica del mismo. 4
El régimen local instaurado por la Constitución de 1812 se basaba en tres
pilares: la uniformización, la democratización y la centralización. De acuerdo con
estos tres principios de actuación, se adoptaron las siguientes medidas: en primer
lugar, se ordenó la constitución de Ayuntamientos en todas las poblaciones superiores
a 1000 habitantes, con una organización y unas competencias comunes; 5 en
segundo lugar, se pretendía erradicar los cargos perpetuos, estableciendo un sistema
de elección indirecta por los vecinos y, en tercer lugar, siguiendo el modelo
de los Departamentos franceses, se previó la división del Estado en provincias y
la creación de las Diputaciones provinciales, nacidas como parte de la Administración
General del Estado, y autoridades superiores al Ayuntamiento, con funciones
de control sobre el mismo.
A partir de este momento, una vez superada la etapa absolutista, comenzó
un periodo de fuerte inestabilidad política en España que trajo como consecuencia
numerosas reformas del régimen local, todas ellas de vigencia limitada en el
tiempo y presididas por el principio de uniformización. Se generalizaron los Ayuntamientos
en todas las poblaciones que contasen con un número determinado de
habitantes, se previó su regulación general por ley y se establecieron mecanismos
de tutela y control estatal. Por lo general, en los periodos conservadores se tendía
a la centralización y a la restricción de la democracia, mientras que en los periodos
progresistas se seguía la línea contraria: descentralización y democratización.
Es interesante destacar, desde el punto de vista de la reconfiguración del
mapa municipal pretendida, el contenido de la Instrucción de 3 de febrero de 1823,
3 La Constitución de 1812 determinó que los alcaldes, regidores y procuradores síndicos fuesen de elección
popular, si bien debían ser elegidos por un número proporcional de electores que estuviesen en ejercicio de
sus derechos de ciudadanos. Asimismo, con el fin de terminar con la situación anterior, estableció una serie
de condiciones para poder desempeñar los empleos municipales, las incompatibilidades y las competencias
de los ayuntamientos. Vid. JOSÉ SÁNCHEZ ARCILLA BERNAL, Historia del Derecho. Instituciones Político
Administrativas, cit., págs. 1081 y ss.
4 Cfr. JOSÉ LUIS RIVERO YSERN, Manual de Derecho Local, cit., págs. 29 y ss.
5 A través del Decreto de desarrollo de 23 de mayo de 1812 se autorizaba también a cualquier pueblo que no
tuviese ayuntamiento y cuya población no fuese superior a las mil almas la posibilidad de solicitar, por medio
de la Diputación provincial, la constitución de uno nuevo.
Iuris Tantum No. 24 2013
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