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Módulo 2. Leitura Base. Texto 4

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ados por el rey,

ados por el rey, normalmente, de entre los grupos oligárquicos con mayor afinidad a la monarquía. La instauración del regimiento por Alfonso XI fue un acontecimiento esencial en la evolución del concejo castellano al reducir la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y, en consecuencia, al poner fin a la época del reconocimiento de autonomía municipal. Sin embargo, con esta solución se logró sólo en parte el objetivo pretendido por la monarquía, —que la política local estuviese controlada por las autoridades concejiles de designación real— puesto que el intervencionismo regio directo en la vida de la ciudad debía quedar limitado a la justicia, de lo contrario, se estarían vulnerando los privilegios y fueros locales todavía existentes. Ante esta situación, y con el fin de aumentar el control sobre las oligarquías, se crea la figura del corregidor, llamado inicialmente a inspeccionar la actuación de las autoridades locales. Así, en el siglo XV y durante toda la Edad Moderna, el regimiento se impuso en todas las ciudades y la figura del corregidor se reforzó, hallándose investido de amplias facultades, incluso gubernativas. Pero, a finales de dicho periodo, las regidurías sufrieron un proceso de patrimonialización, consecuencia, en gran medida, de las continuas necesidades económicas de la monarquía, y los cargos locales terminaron por configurarse como perpetuos, hereditarios y transmisibles. En el siglo XVIII, a pesar de la consolidación del modelo organizativo descrito en los párrafos anteriores, la Administración local no era todavía uniforme: existían varios tipos de estructuras municipales heredadas de la Edad Media y aún persistía un considerable número de Municipios de señorío no sometidos al control real. Ante esta situación, la monarquía decidió romper con la realidad existente e imponer un tipo uniforme de organización, extendiéndolo a todos los núcleos de población, cualquiera que fuera su tamaño. En la época del reformismo borbónico, Carlos III intentó regenerar el gobierno municipal mediante la implementación de un ambicioso plan de reformas, contenido en el Auto Acordado de 5 de mayo de 1766, por el que se instituyeron dos tipos de cargos electivos abiertos a todas las clases sociales: los diputados del común —con funciones económicas y de abastos— y los síndicos personeros — con funciones de fiscalización de la actividad municipal y petición de acciones de interés general—. Sin embargo, estas reformas no lograron alterar la situación existente y la diversidad continuó siendo la característica de los Municipios españoles. 2 2 En este sentido, JOSÉ SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL señala que «hablar de transformaciones en el municipio del siglo XVIII no deja de ser una “ilusión”. En primer lugar, porque no sólo seguía existiendo un fuerte intervencionismo estatal por medio de la figura del corregidor, sino que, además, se perfeccionó la actuación de aquél. En segundo lugar, porque la creación de las figuras del diputado del común y del procurador síndico personero nacieron, de hecho, muertas y con tal escaso contenido institucional que no alteraron lo más mínimo las viejas estructuras municipales. En la mayoría de los casos fueron miembros de las mismas oligarquías quienes ocuparon los nuevos oficios, tras una primera actitud de rechazo» (Historia del Derecho. Instituciones Político Administrativas, cit., pág. 808). 370 Iuris Tantum No. 24 2013

Hubo que esperar hasta el siglo XIX para poder observar una serie de cambios esenciales para comprender la configuración actual del mapa municipal español. La Constitución de Cádiz de 1812 contiene las bases de un nuevo régimen local de inspiración francesa. En ella se prevé una nueva estructura municipal y provincial, con la que se busca la uniformización del régimen local y la superación de la situación de diversidad, privilegios y desigualdades propia del Antiguo Régimen. Tal y como señala RIVERO YSERN, se partió de la realidad de los “pueblos”, para los que se generalizó la fórmula de Ayuntamientos compuestos de Alcalde, Regidor y Procurador del Síndico, cargos presididos por el Jefe Político, 3 predominando, en consecuencia, una organización subordinada al poder central frente a una concepción autonómica del mismo. 4 El régimen local instaurado por la Constitución de 1812 se basaba en tres pilares: la uniformización, la democratización y la centralización. De acuerdo con estos tres principios de actuación, se adoptaron las siguientes medidas: en primer lugar, se ordenó la constitución de Ayuntamientos en todas las poblaciones superiores a 1000 habitantes, con una organización y unas competencias comunes; 5 en segundo lugar, se pretendía erradicar los cargos perpetuos, estableciendo un sistema de elección indirecta por los vecinos y, en tercer lugar, siguiendo el modelo de los Departamentos franceses, se previó la división del Estado en provincias y la creación de las Diputaciones provinciales, nacidas como parte de la Administración General del Estado, y autoridades superiores al Ayuntamiento, con funciones de control sobre el mismo. A partir de este momento, una vez superada la etapa absolutista, comenzó un periodo de fuerte inestabilidad política en España que trajo como consecuencia numerosas reformas del régimen local, todas ellas de vigencia limitada en el tiempo y presididas por el principio de uniformización. Se generalizaron los Ayuntamientos en todas las poblaciones que contasen con un número determinado de habitantes, se previó su regulación general por ley y se establecieron mecanismos de tutela y control estatal. Por lo general, en los periodos conservadores se tendía a la centralización y a la restricción de la democracia, mientras que en los periodos progresistas se seguía la línea contraria: descentralización y democratización. Es interesante destacar, desde el punto de vista de la reconfiguración del mapa municipal pretendida, el contenido de la Instrucción de 3 de febrero de 1823, 3 La Constitución de 1812 determinó que los alcaldes, regidores y procuradores síndicos fuesen de elección popular, si bien debían ser elegidos por un número proporcional de electores que estuviesen en ejercicio de sus derechos de ciudadanos. Asimismo, con el fin de terminar con la situación anterior, estableció una serie de condiciones para poder desempeñar los empleos municipales, las incompatibilidades y las competencias de los ayuntamientos. Vid. JOSÉ SÁNCHEZ ARCILLA BERNAL, Historia del Derecho. Instituciones Político Administrativas, cit., págs. 1081 y ss. 4 Cfr. JOSÉ LUIS RIVERO YSERN, Manual de Derecho Local, cit., págs. 29 y ss. 5 A través del Decreto de desarrollo de 23 de mayo de 1812 se autorizaba también a cualquier pueblo que no tuviese ayuntamiento y cuya población no fuese superior a las mil almas la posibilidad de solicitar, por medio de la Diputación provincial, la constitución de uno nuevo. Iuris Tantum No. 24 2013 371

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