Módulo 2. Leitura Base. Texto 4

I .INTRODUCCION
Existen unos principio básicos de la contratación administrativa, , previstos
en la regulación contenida en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP), entre los que destacan la libertad de pactos
(art. 25.1), la prohibición general de la contratación verbal (art.97.1), la idoneidad
del contratista (arts.51 y 54), la prohibición de fraccionamiento del objeto
del contrato (art.74) o el principio de riesgo y ventura (art.199 y 225),objeto de
análisis en este trabajo ,definido por el Tribunal Supremo como “la mayor o
menor onerosidad que le suponga al contratista la ejecución de su propia
prestación”(STS 19 de diciembre de 1990),que se encuentra de manera explícita
en la LCSP y en su propia Exposición de Motivos, refiriéndose al mismo
en distintas fases de la concesión administrativa. Principio del riesgo y ventura
que ,sin embargo, se mitiga en atención a una mayor protección al contratista
debido ,según el profesor Ruíz Ojeda (1) este fenómeno a la necesidad sentida
de una mayor protección al contratista, lo que hace que progresivamente se haya
ido atenuando este principio considerado clave en la contratación, de manera
que la Administración desplaza hacia el contratista el riesgo de la obtención de
un beneficio en la ejecución de la prestación contratada ,que es en lo que consiste
precisamente la gestión contractual de recursos por parte de la Administración
en contraposición con los instrumentos de ejecución directa de obras
,servicios y suministros. Por eso que se destaque por Avezuela Cárcel (2) que
entre todos estos otros principios dispersos a lo largo de las normas reguladoras
de la contratación pública, el principio de riesgo y ventura, que se califica como
“principio básico de nuestra legislación de contratos administrativos” (Memoria
de 2004 del Consejo de Estado). El principio de riesgo y ventura supone que el
contratista asume, con carácter general, las consecuencias de todos los riegos
derivados de la ejecución del contrato, salvo en aquellos casos en que el ordenamiento
jurídico prevea la cooperación de la Administración contratante (como,
por ejemplo, la fuerza mayor, la revisión de precios, el “factum principis” o la
doctrina del riesgo imprevisible) con el objeto de restaurar el equilibrio de la
relación contractual.
A partir de la nueva regulación contractual, destaca el profesor Gimeno
Feliú (3) que en la ejecución, suspensión y resolución del contrato, la LCSP adolece
de un intento de corregir los problemas tradicionales derivados de la ejecución
de las prestaciones licitadas. Además de algunas variaciones y garantías
adicionales sobre el texto de 2007, parece oportuno que la LCSP recogiera la
posibilidad de que los interesados puedan recurrir los motivos de un modificado,
lo que habría de suponer la introducción de una eficaz garantía práctica que puede
coadyuvar a erradicar prácticas a todas luces incorrectas y que descargan la
responsabilidad en las concretas personas que lo acometen.
El reconocimiento normativo del principio del riesgo y ventura ,lo encontramos
en el art. 199 LCSP al establecer :”La ejecución del contrato se realizará
a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para el de obras
306 Iuris Tantum No. 24 2013