Módulo 2. Leitura Base. Texto 4

elementos dañados debiendo soportar a su cargo cuantos gastos se generen por
tal motivo, obligación que en el supuesto que se plantea se especifica en el pliego,
en la consideración de que, como señala el artículo 193 de la Ley, sobre vinculación
al contenido contractual, los contratos deberán cumplirse a tenor de sus
cláusulas, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en favor
de las Administraciones Públicas, y es evidente que el contratista cuando concurrió
a la licitación conocía perfectamente el pliego de cláusulas administrativas
particulares y su alcance y fue aceptado por el mismo en los términos establecidos
en el artículo 129. Solamente es en el contrato de obra y en el contrato de concesión
de obra pública en los que el contratista no soporta el principio de riesgo y
ventura del contratista cuando se producen las causas de fuerza mayor que enumera
el artículo 214 y que se refiere a ellas el artículo 225 de la Ley. Por tanto se
entiende que en los contratos de servicios es el contratista el que debe soportar a
su cargo cuantos efectos dimanen del cumplimiento del objeto del contrato (Informe
56/2008, de 31 de marzo de 2009). De manera que, a efectos indemnizatorios,
el Tribunal Supremo se apoya en el Dictamen del Consejo de Estado de 5
de septiembre de 2002, que admite la existencia de fuerza mayor y, por ello, la
procedencia de la indemnización, pero entendiendo que ésta debe comprender
“...sólo aquellos daños en los que la naturaleza indómita haya destruido obras
ejecutadas, que el contratista debe repetir, y en su caso de la maquinaria inutilizada
por la catástrofe”. Empero, no puede englobarse dentro de los perjuicios
indemnizables, la mera paralización de la maquinaria, pues “...la suspensión de
las obras, y por ende de las máquinas, cuando se da, tiene en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas unas lógica indemnizatoria propia, vinculada a
la suspensión misma”(STS de 10 Marzo de 2008). Y sin perjuicio de saber que
una cosa es la reclamación por los daños y perjuicios ocasionados por fuerza
mayor, y otra distinta son los intereses derivados de esta reclamación, posteriormente
reconocida por la Administración (STS 30 de Junio de 2009).
Fuerza mayor que es analizada en el supuesto de una posible responsabilidad
por incumplimiento contractual durante el período de huelga del servicio de recogida
de basuras, ante la consideración de la huelga como un supuesto de fuerza
mayor del que pudiera derivarse la exclusión de la responsabilidad por parte
de concesionario. Así la fuerza mayor, como causa para el restablecimiento del
equilibrio financiero en el contrato, no está contemplada con carácter general en
la Ley de Contratos del Sector Público. Ninguno de los preceptos que dedica a
regular la ejecución de los contratos con carácter general se refiere a ella, sino de
manera particular en los arts. 214, 241.2 b) y 258.4 c). Por tanto, en principio, es
posible alegar la concurrencia de causa de fuerza mayor como una justificación
para exigir a la Entidad concedente el restablecimiento del equilibrio financiero
en la concesión, y por eso que en el caso que constituye el objeto de este contrato,
ello significaría, al menos, no aplicar penalizaciones por mal cumplimiento
basándose en la huelga. Sin embargo, para que esta posibilidad exista, sería preciso
que la huelga pudiera ser considerada como causa de fuerza mayor, cosa que,
de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público no cabe (Informe
Iuris Tantum No. 24 2013
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