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La justicia constitucional en un modelo mixto de origen dual y paralelo 21término de caducidad (numerales 1, 4 y 5 del artículo 241 y numeral 1º del 242 dela Carta fundamental). 3037. Esta acción puede incoarse ante la Corte Constitucional o ante el Consejode Estado y, en general, ante los despachos que conforman la jurisdicción de locontencioso-administrativo, así:2.2.1. Competencia de la Corte Constitucional38. (A) Conoce de las demandas contra los actos reformatorios de la Constitución.Establece el numeral 1º del artículo 241 que le corresponde a la citadacorporación decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad, y contra estosactos solo por vicios de procedimiento en su formación.39. (B) Conoce contra las demandas contra las leyes. Indica el numeral 4º delcitado artículo que se pueden demandar por vicios de procedimiento en su formacióny por su contenido material.40. (C) Los decretos con fuerza de ley o decretos-leyes que dicta el gobiernoen desarrollo del numeral 10º del artículo 150 superior, por su contenido materialo por vicios de procedimiento en su formación, tal como lo establece el numeral5º del artículo 241 de la Constitución.41. (D) Los decretos-leyes expedidos por el gobierno para poner en vigencialos proyectos de ley sobre el Plan Nacional de Inversiones Públicas, de conformidadcon el artículo 241, numeral 5º, en concordancia con el inciso 3º del artículo341 de la Ley fundamental.2.3. Competencia del Consejo de Estado42. Prevé el numeral segundo del artículo 237 de la Constitución, que correspondeal Consejo de Estado conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidadde los decretos dictados por el gobierno, cuya competencia no estéatribuida expresamente a la Corte Constitucional (competencia residual). 312.4. Competencia de los tribunales administrativos43. Conocen de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los actosadministrativos de carácter general, impersonal y abstracto, tales como las ordenanzasdepartamentales, los acuerdos proferidos por los consejos municipales ylos decretos proferidos por los gobernadores y alcaldes, según lo establecido porel código procesal administrativo y de lo contencioso administrativo.30 Cfr. Rodríguez Navas, Jaime Enrique, Dinámica del control de constitucionalidad en Colombia,Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 2006, pp. 55-113.31 Cfr. Velandia Canosa, Eduardo Andrés, Teoría constitucional del proceso. Derecho procesal constitucional,Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley y ACDPC, 2009, pp. 219-261.Jurípolis, año 2014, No. 15