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STF NA MÍDIA

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otra parte, si se trata de<br />

diseñar una regla flexible,<br />

como parece querer ser reconducida<br />

la propuesta inicial<br />

de constitucionalizar el<br />

déficit cero, cabe preguntarse<br />

¿qué es lo que realmente se<br />

quiere que no suministre ya<br />

el Pacto de Estabilidad y<br />

Crecimiento y sus correlatos<br />

en la vigente legislación<br />

española?<br />

Nadie duda de las ventajas de<br />

mantener políticas fiscales y<br />

monetarias estables que reduzcan<br />

la incertidumbre y<br />

faciliten la toma de decisiones<br />

por parte de los agentes.<br />

Por consiguiente, la cuestión<br />

no es esta. La cuestión sometida<br />

a debate es si esa política<br />

debe establecerse o no mediante<br />

una regla que limite los<br />

grados de libertad de que<br />

disponen el Gobierno y el<br />

Parlamento sobre la gestión<br />

del saldo presupuestario.<br />

No se trata de enfrentar la<br />

austeridad al derroche, la<br />

estabilidad a la inestabilidad,<br />

como arteramente se pretende,<br />

sino de cómo se debe ser<br />

austero y estable. Si mediante<br />

la gestión inteligente y<br />

responsable o mediante la<br />

pérdida de libertad. Se trata<br />

de discernir cuáles son las<br />

ventajas y los inconvenientes<br />

de una u otra opción y de<br />

comprender cuáles son sus<br />

implicaciones sobre el bienestar<br />

de los ciudadanos. Se<br />

trata de opciones políticas.<br />

Se trata de la política con<br />

mayúsculas.<br />

Limitar la posibilidad de incurrir<br />

en déficits estructurales<br />

es coartar la posibilidad<br />

de que las Administraciones<br />

públicas, más allá de la actuación<br />

de los estabilizadores<br />

automáticos, confieran una<br />

orientación expansiva a la<br />

política fiscal en aquellas<br />

situaciones en las que el ciclo<br />

o la coyuntura lo aconsejen,<br />

siempre, claro está, que no se<br />

amenacen los niveles de una<br />

deuda sostenible. Es decir,<br />

supone la renuncia a la política<br />

fiscal como instrumento<br />

de política económica.<br />

Pero no solo estamos ante<br />

una cuestión que afecte a la<br />

gestión del ciclo o de la coyuntura.<br />

Estamos también<br />

ante una cuestión de primer<br />

orden que afecta a la concepción<br />

del Estado: ¿queremos<br />

un Estado que sea un agente<br />

activo en la economía, tal y<br />

como establece el artículo<br />

128 de la Constitución, o un<br />

Estado que se limite a la administración<br />

de sus gastos<br />

corrientes? Lo segundo sería<br />

la consecuencia ineludible de<br />

limitar, a través de la limitación<br />

del déficit estructural a<br />

valores cercanos a cero, la<br />

capacidad de endeudamiento<br />

del Estado. Su capacidad de<br />

inversión.<br />

El debate de reglas frente a<br />

discreción no es nuevo y por<br />

tanto no es sorprendente que<br />

resurja en el marco de la crisis<br />

actual. La reforma puesta<br />

en marcha, no solo disminuye<br />

los grados de libertad de<br />

los que debe disponer un<br />

Gobierno democrático, es<br />

también una limitación al<br />

voto de los ciudadanos que<br />

quieran optar por propuestas<br />

políticas que promulguen una<br />

mayor presencia del Estado<br />

en la economía. La reforma<br />

anula, en definitiva, una de<br />

las razones que a muchos<br />

ciudadanos les conducía a<br />

introducir un voto socialdemócrata<br />

en las urnas. Por<br />

ello, lo que sí es sorprendente<br />

es que en España, país cuya<br />

estructura económica es particularmente<br />

procíclica y el<br />

Estado particularmente<br />

pequeño, sea un Gobierno<br />

que se reclama socialdemócrata<br />

el que haya decidido<br />

incluir el criterio de la estabilidad<br />

presupuestaria en la<br />

Constitución y su cuantificación<br />

en una Ley Orgánica.<br />

El 9 de mayo de 2010 no<br />

solo se asestó un golpe al<br />

Estado de bienestar europeo.<br />

Fue también el día en el que<br />

las posiciones que nos llevaron<br />

a esta crisis triunfaron<br />

sobre el sentido común. La<br />

propuesta de la reforma<br />

constitucional del 23 de a-<br />

gosto lo ha confirmado. Esto<br />

no es economía. Esto es ideología.<br />

Los economistas no deberíamos<br />

permanecer callados.<br />

Tenemos la obligación de<br />

decir estas cosas y las estamos<br />

diciendo aunque de manera<br />

aislada, con intervenciones<br />

puntuales y sin respaldo<br />

de institución alguna.<br />

Es el silencio de los Colegios<br />

de Economistas el que es<br />

clamoroso. Los Economistas<br />

Frente a la Crisis no podemos<br />

permanecer indiferentes.<br />

Por esta razón, quienes firmamos<br />

este artículo, encabezaremos<br />

una candidatura a<br />

las próximas elecciones del<br />

Colegio de Economistas de<br />

Madrid. Necesitamos abrir<br />

sus puertas de par en par,<br />

porque queremos impulsar en<br />

la sociedad la reflexión de<br />

los economistas y de todos<br />

los ciudadanos que quieran<br />

compartir el debate y las<br />

propuestas.<br />

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