STF NA MÍDIA

Alicia Kirchner, Amado
Boudou y otros de menor
rango como el subsecretario
de Obra Pública, Abel Fatala
y Juan Bontempo.
Según su versión, del total
del dinero público para la
construcción de las viviendas,
había una parte que tenía
destino politico. Palabras
más, palabras menos, dijo
que todos los afiches de
tamaño chico que se vieron
en las calles para promover
las precandidaturas de Fatala
y Boudou habían sido impresos
en la Fundación que a-
demás se hizo cargo de los
costos. La semana pasada,
cuando hizo pública esta acusación
por primera vez, el
Gobierno respondió que e-
fectivamente se había utilizado
la imprenta de la Fundación
pero que el trabajo
habían sido pagado con fondos
recaudados por los funcionarios
y sus equipos de
campaña. Schoklender los
contradice y asegura que dejó
en el juzgado y en Diputados,
una parva de remitos y facturas
que prueban sus palabras.
El financiamiento de
campañas llegaba a más: el
ex apoderado dijo que se
pagaban pegatinas, escenarios
y el sistema de sonido en
los actos. La existencia de
esas campañas es un hecho:
en el caso de Fatala, el verano
pasado, se vio su cara en
spots en calles y autopistas;
lo de Boudou fue más cerca
de las últimas elecciones
porteñas.
En el caso del subsecretario
de Obra Pública, Schoklender
aseguró que también fue
beneficiado con la ayuda de
Doris Capurro, una consultora
que hacía la comunicación
de la misión “Sueños Compartidos”
y que puso a su
gente a trabajar para promover
la candidatura de Fatala.
Con los fondos de la organización,
dijo, también se hicieron
pegatinas contra
jueces y periodistas durante
los días en que Bonafini se
paraba frente a la Corte Suprema
para reclamar por la
ley de Radiodifusión. Esa
plata también habría sido
utilizada para solventar a “las
Cristinas”, la agrupación de
mujeres kirchneristas que
promovió Bonafini. Ella,
sostuvo Schoklender, estaba
al tanto de cada decisión política
que se tomaba sobre el
dinero
público.
PODER JUDICIÁRIO •
DIÁRIO DE NOTÍCIAS (PT) (PT) • OPINIÃO • 15/9/2011
O buraco negro
por LUÍS DE GOUVEIA
FERNANDES, ADVOGA-
DO
Os números do apoio Judiciário
são assustadores. Tanto
para quem paga, o Estado,
como para quem recebe, os
advogados. Um dia fala-se de
40 milhões de euros, noutro
de centenas, sem conhecermos
ao certo que necessidades
e serviços que este saco
de dinheiro pretende cobrir.
Sabemos que a obrigação
decorre directamente da
Constituição, mas a lei ordinária
adoptada para lhe dar
cumprimento não resolve
nada, principalmente para os
beneficiários, que deveriam
ser a principal e quase única
preocupação de quem governa,
e de todos, em geral.
Com efeito, os cidadãos, que
por falta de meios têm de
recorrer ao apoio Judiciário,
recebem um serviço não padronizado,
sujeito apenas ao
sorteio da nomeação de advogado
para cada caso.
Não é só a despesa global, as
tais dezenas e centenas de
milhões de euros, que recomendam
a alteração do regime
legal ordinário. O próprio
serviço prestado não fornece
quaisquer dados sobre o grau
de satisfação em relação ao
cumprimento da obrigação
constitucional. E assim parece
que estamos a gastar verbas
com um determinado
objectivo, sem se saber se o
mesmo é alcançado ou em
que termos.
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