STF NA MÍDIA

o se convierte en titular de
59.000 hectáreas, que se desprenden
de la finca 4036,
resultado de la sucesión de
Domingo Barthe.
En ese ínterin se realizan tres
mensuras judiciales: Gulf +
Wester, luego Agriex - Paraguay
y finalmente el Grupo
Favero.
Cinco transferencias y tres
mensuras judiciales sin que
jamás se haya mencionado
que las tierras pertenecen al
Estado paraguayo.
Esto sucedió porque en el
Registro General de la Propiedad
no existió constancia de
que el Estado sea el propietario
de las tierras que ahora el
Indert reivindica como suyas.
En 1894 el Estado recuperó
las tierras, pero no se realizó
ninguna inscripción; en 1963
un fallo de la Corte Suprema
declaró nulos los títulos
de la sucesión Barthe y tampoco
se habría registrado la
propiedad.
Tierras de Favero
La escribana Stella María de
Rodríguez, del Indert, reconoció
que no tiene certeza de
que la sentencia de la Corte
Suprema se haya inscripto
en el Registro General de la
Propiedad.
Agregó otro dato: de las
257.000 hectáreas, 60.000
hectáreas tienen título de
propiedad sin valor, que es el
desprendimiento de la finca
4036. Este inmueble se encuentra
bajo dominio del Grupo
Favero.
Sobre el punto explicó lo
siguiente: “Los títulos de
propiedad que surgen de las
fincas 81, de San Joaquín, y
39 de Domingo Martínez de
Irala, pueden ser auténticos
aunque se debe determinar
quién los vendió. Según nuestros
registros, el único
comprador del Indert es Juan
Carlos Silva, propietario de
3.700 hectáreas, dueño de la
finca 28”.
Siguió diciendo que “en
cambio, la finca 4036, de
60.000 hectáreas, correspondiente
al municipio de
Ñacunday, donde está asentado
el Grupo Favero, es nulo.
No tiene valor porque está
afectado por el fallo de la
Corte Suprema de Justicia”.
De 257.000 hectáreas mencionadas,
60.000 es la que
interesa al Indert: tierras del
Grupo Favero.
En 30 años, la finca 4036 se
vendió cinco veces y se realizaron
tres mensuras judiciales.
El Registro de la Propiedad
no informó que la tierra
era propiedad del Estado.
JUSTIÇA NO EXTERIOR •
ABC COLOR (PY) • OPINIÓN • 19/9/2011
Poco para festejar
por Danilo Arbilla.
Lima. El 11 de setiembre es
una fecha que por una serie
de sucesos ha quedado atada
con la democracia.
Ese día coinciden tres aniversarios.
Dos decididamente
para lamentar: el golpe de
Estado que en 1973 dio el
Gral. Augusto Pinochet y que
sumió a Chile en una dictadura
que se extendió por más
de una década, y el atentado
terrorista contra las Torres
Gemelas en Nueva York en
el 2001.
Una década después, el impacto
de aquellos aviones se
siente hoy en la economía
internacional y muchos ubican
ese hecho como la causa
de la crisis y la incertidumbre
que vive en estos días el
mundo desarrollado. Peor
aun, aquella catástrofe melló
el sistema de garantías de los
derechos individuales imperante
en los EE.UU., que era
emblemático a nivel planetario,
afectó los derechos y las
libertades de sus ciudadanos,
y tuvo derivaciones y consecuencias
dañinas en el resto
del orbe, todo ello debido a
la falta de serenidad y estatura
de quienes tenían la responsabilidad
de conducir y
enfrentar el problema, sin
reaccionar y entrar en el terreno
al que los empujaba con
su acción criminal el terrorismo.
También se cumplieron este
11 de setiembre los diez años
de vigencia de la Carta Democrática
Interamericana, la
que fuera aprobada en reunión
cumbre de la Organización
de Estados Americanos
(OEA) celebrada en Lima. Se
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