STF NA MÍDIA

nes por $ 2 millones. Pocos
de esos procesos siguen pendientes:
la mayoría prescribió
o se fue diluyendo.
La absolución de Menem en
el caso de la venta ilegal de
armas tiene una ramificación
cuyo destino podría ser también
la nada . La explosión
en la Fábrica Militar de Río
Tercero, ocurrida en noviembre
de 1995, costó siete muertos
y más de 200 heridos.
Se abrió una causa que vinculó
aquella tragedia con el
propósito de entorpecer la
investigación sobre las armas
a Croacia y Ecuador.
Transcurrieron más de 12
años sin que en ese trámite se
realizaran actos procesales.
Dos ex jefes militares implicados
pidieron la prescripción
que fue aceptada en primera
instancia. La Cámara
Nacional de Casación la revocó,
pero su fallo fue apelado.
El tema está en manos de
la Corte Suprema.
Algunos especialistas justifican
la absolución de Menem.
¿Por qué razón? La Corte
Suprema noventista había
simplificado la causa al anular
el cargo de asociación
ilícita. El delito pendiente era
el de contrabando. Pero esos
mismos especialistas, en
cambio, no logran entender
la inocencia para el resto de
los 17 imputados . Menos
aún, que el fallo no haya sido
acompañado por los fundamentos,
que serán divulgados
recién en noviembre, lejos de
la campaña y las elecciones.
¿Están esos fundamentos o
serán escritos después del
veredicto que tenía su perentoriedad
política? Quizás ese
fallo tenga alguna explicación
técnico-jurídica atendible.
El desarrollo durante 16 años
es en esencia injustificable.
Pero cualquier fallo se produce
siempre en un contexto,
donde la asepsia política resulta
inexistente.
El Tribunal Oral Penal Económico
3 consagró su veredicto
en una instancia que,
como aquella de la década de
los 90, está de nuevo surcada
por espesas sospechas de
corrupción .
El gobierno de los Kirchner
removió la vieja Corte menemista,
en una saludable
decisión, pero quedó durmiendo
sobre esos laureles.
Más todavía: al nuevo Tribunal
le valió un reconocimiento
social que, al parecer, le
estaría sirviendo como escudo
protector para acciones
menos nobles.
El kirchnerismo, con los favores
políticos que los jueces
siempre hurgan y con la digitación
de muchos magistrados,
expandió su influencia
en el Poder Judicial.
En ese ámbito, se empiezan a
hacer ostensibles dos estándares
según sea el origen y el
destino de los fallos. Eso
estaría desnundado una clara
devaluación de la Justicia.
Hay fallos ejemplares cuando
están circunscriptos al ámbito
del delito, del hampa y, a
veces, hasta cuando rozan los
perímetros del poder político.
Pero esos fallos sólo siembran
dudas y sospechas cuando
dirimen cuestiones en la
cima de aquella corporación.
¿Qué pasará, al final, con el
célebre pago de coimas en el
Senado durante la gestión de
Fernando de la Rúa? ¿Qué
podría suceder con la parva
de causas y denuncias que
acumula en estos años el
kirchnerismo? Norberto O-
yarbide podría ser una referencia
cabal de esos lazos
permanentes entre la Justicia
y el poder político. Arrancó
su carrera por recomendación
de un juez del tiempo militar,
pero pegó el salto durante el
menemismo. Sorteó en el
2001 por la solidaridad del
PJ un juicio político que estuvo
a un tris de tumbarlo.
Se terminó convirtiendo en el
juez favorito de los K que, en
tres ocasiones, evitaron pedidos
de juicio, dos de ellos
fogoneados por la oposición.
Sobreseyó por enriquecimiento
ilícito a los Kirchner y
hoy sustancia dos de las
principales causas que embretan,
directa o indirectamente,
al Gobierno: la mafia
de los remedios y el escándalo
de Sergio Schoklender.
Las palabras cotidianas del
ex apoderado de las Madres
de Hebe de Bonafini enlodan
al Gobierno . El kirchnerismo
las descalifica aludiendo
a su condición de ex convicto.
Aníbal Fernández disparó
que “hay que estar loco para
prestarle atención”. Aquel
mismo parricida fue intocable
y protegido por los K
hasta que tomaron estado
público los desaguisados
financieros en la Fundación y
la estafa en la construcción
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