STF NA MÍDIA

Mucho más punzante, para
los ajenos al catolicismo,
resultó en agosto el tratamiento
otorgado a Benedicto
XVI por un Estado laico, que
declaró la JMJ acontecimiento
"de interés general", lo que
proporcionó, en plena crisis,
suculentas ventajas fiscales a
las empresas que la apoyaron.
La escenificación de la
sumisión la personificó el
Rey Juan Carlos con su genuflexión
ante Ratzinger,
llamativa en el jefe de un
Estado aconfesional, aquejado,
además, por problemas
en las articulaciones de las
extremidades inferiores.
La "hospitalidad y respeto" al
"líder de una confesión religiosa",
como le definió el
ministro de la Presidencia,
Ramón Jáuregui, quedó colmada
con la presencia activa
y los aplausos de los presidentes
del Gobierno y del
Congreso, acompañados de
otros altos cargos y ministros.
Uno de ellos, el de Fomento
y portavoz del Gobierno,
José Blanco, había resaltado,
en línea con la Conferencia
Episcopal, el negocio
que significaba la JMJ.
Los dividendos políticos de
la visita los contabilizará
preferentemente el PP, cuyo
líder, Mariano Rajoy, encabezó
la lista de dirigentes
presentes. El Gobierno socialista
pareció conformarse con
el rédito electoral derivado
de que Ratzinger no criticara
directamente leyes como la
del aborto o el matrimonio
entre homosexuales, pero
queda fuera de toda duda que
imágenes indelebles, como la
de María Dolores de Cospedal
-secretaria general del PP
y presidenta de Castilla-La
Mancha-, ataviada con la
tradicional mantilla española
en la procesión del Corpus
Christi, tienen más tirón entre
el electorado católico que
todos los esfuerzos socialistas
por mostrar su sumisión
al Papa.
Especial indignación produjeron
en la izquierda los 200
confesionarios blancos y
funcionales, instalados en el
Paseo de Coches del Retiro, a
utilizar, entre otros, por quienes
hubieran cometido el
"pecado del aborto", que
dejarían de ser excomulgados
si confesaban con los sacerdotes
autorizados para ello
por el cardenal arzobispo de
Madrid, Antonio María Rouco.
Desde la militancia del
PSOE se propuso, a través de
Internet, que algunos de esos
confesionarios, a la vista de
los ciudadanos, los utilizaran
"los sacerdotes que han abusado
sexualmente de niños o
niñas".
Curiosamente, la pederastia
sacerdotal estuvo ausente en
la JMJ, a pesar de que el propio
Ratzinger la ha reconocido
en otros países -Estados
Unidos, Irlanda, Bélgica o
Alemania- y ha lamentado el
dolor de las víctimas de esos
hechos y de sus familias.
Mientras incluso la católica
Irlanda se ha enfrentado al
Vaticano, en España prospera
la tendencia de la jerarquía
eclesiástica de ignorar a las
víctimas e impedir que esos
delitos salgan a la luz pública.
Según informa María R.
Sahuquillo (EL PAÍS, 17 de
mayo de 2011), en las nueve
condenas a sacerdotes por
abusos sexuales a menores
conocidas hasta entonces
abunda el apoyo al religioso,
no a la víctima. Así, la condena
a ocho años de cárcel,
ratificada por el Tribunal
Supremo, del sacerdote Luis
José Beltrán, por abusar en
Alcalá la Real (Jaén) repetidamente
de un monaguillo,
no originó que el obispo de
Jaén condenara moralmente
al párroco, sino que estimó
que su deber es "estar al lado
de los sacerdotes".
Esa tendencia de la jerarquía
católica, personificada en el
cardenal Antonio Cañizares -
quien ha considerado las denuncias
de abusos como "ataques"
a la Iglesia-, ha debido
ser una de las causas de
que en su visita a la católica
España, Benedicto XVI haya
ignorado la existencia de esa
lacra. Desde el poder democrático,
entre tantos fastos,
nadie se lo ha recordado.
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