STF NA MÍDIA

la familia requirió la investigación
de "hechos delictivos"
y que tuvieron como consecuencia
la desaparición de
López. "El resguardo de la
prueba es y ha sido una de
las funciones que la ley encomienda
tanto al Ministerio
Público Fiscal como a los
jueces, en aras de una correcta
administración de justicia",
se señaló.
Desde el Ministerio de Justicia,
del que depende el programa
de Protección de Testigos,
subrayaron: "La Justicia,
a quien corresponde requerir
la protección para quienes
aportan su testimonio,
nunca hizo un pedido para
resguardar a López ni a ninguno
de los otros testigos de
aquel juicio". Las fuentes de
la cartera conducida por Julio
Alak también informaron que
nunca hubo un sumario interno
para determinar eventuales
responsabilidades propias
por la ya prolongada y
misteriosa ausencia de López.
En efecto, la normativa de
protección de testigos, incluida
en el Código Procesal
Penal, y que rige desde 2003,
atribuye responsabilidad "al
órgano judicial para disponer
la tutela del testigo, ya sea de
oficio o por pedido del Ministerio
Público Fiscal".
Según la presentación de los
López, hubo "numerosas
personas con la carga legal y
funcional de velar por su
integridad que nada hicieron
en tal sentido". Y agregaron:
"No sólo las normas generales
del ritual, sino además
una ley específica ponía en
cabeza del Poder Judicial
requerir al Poder Ejecutivo
las adecuaciones protectivas
para quienes, en el marco de
la carga pública, estaban o-
bligados a testimoniar".
En aquella demanda, con la
firma de Irene Savegnago,
esposa de López, y de sus
hijos Ruben y Gustavo, no
sólo se apuntaba a las autoridades
gubernamentales o
judiciales sino que también
se contempló a abogados de
organismos defensores de
derechos humanos que representaron
a López en el juicio
contra Etchecolatz.
Pero no fue el único pedido
hecho por la familia que no
prosperó. Gascón señaló que
tampoco se avanzó con el
reclamo de "reconstruir el
entorno social" del testigo
desaparecido. "Con esa medida
buscamos averiguar qué
actividades lo pudieron haber
llevado a una situación de
riesgo, sobre todo teniendo
en cuenta que ni siquiera los
hijos sabían bien con quién
se encontraba", dijo el abogado.
EL MISTERIO
18 DE SEPTIEMBRE DE
2006
La desaparición
Jorge Julio López, de 77
años, es visto por última vez
cerca de su casa, en el barrio
de Los Hornos. Pocos días
antes, había atestiguado en el
juicio contra el represor Miguel
Etchecolatz. Aquel día
iba a encontrarse con otra
testigo para presenciar los
alegatos de aquel proceso.
OCTUBRE DE 2006
La recompensa
El gobierno bonaerense, por
entonces encabezado por
Felipe Solá, anunció una
recompensa pública de $
200.000 para quien brindara
datos sobre el paradero del
testigo desaparecido. Luego,
esa cifra fue elevada al doble
y actualmente está en $
2.000.000 .
JUNIO DE 2009
Cambio de jueces
El caso empezó a ser investigado
por el fiscal provincial
Marcelo Martín y la jueza
Marcela Garmendia; luego
pasó al juez Arnaldo Corazza
y en 2009 llegó al juez Manuel
Blanco, que delegó la
investigación en la Fiscalía
Federal de Derechos Humanos.
SEPTIEMBRE DE 2011
Ninguna pista firme
En cinco años hubo infinidad
de versiones, pero ninguna
línea de investigación prosperó.
Se acumulan denuncias
de irregularidades.
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